La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, prosiguió el proceso de socialización sobre el proyecto de Código Integral Penal, presentado por el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia.
En esta ocasión, acudió al organismo legislativo la ministra de Justicia, Johana Pesántez Benítez, quien aseguró que la propuesta de ninguna manera pretende vulnerar derechos, al enfatizar que la misma es perfectible de mejorarla, por tanto, en el marco de la construcción colectiva, los diversos aportes y sugerencias que se presenten permitirán enriquecer la misma.
Recordó que el vigente código data de 1938, por lo que es impostergable tener una nueva normativa que responda a la necesidad de la sociedad ecuatoriana, considerando que existen otras y distintas realidades.
Bajo ninguna circunstancia se quiere ir en contra de lo que dice la Constitución o vulnerar derechos, sino todo lo contrario, tratando de respetar el principio mínimo de no intervención del Estado, sostuvo la Ministra de Justicia.
Responsabilidad penal de personas jurídicas
Recordó que en noviembre de 2005 el Ecuador ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que es un instrumento internacional, que en su artículo 10 determina claramente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, dando lugar a que los Estados Parte adopten las medidas necesarias para establecer esa responsabilidad especialmente en la participación de delitos graves, donde estén involucrados grupos delictivos organizados (crimen organizado).
En el mismo año nuestro país ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que insta a los Estados a regular en materia penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por tanto, esos tratados definen que se debe considerar a la persona jurídica como sujeto de delitos, agregó.
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