Representantes del Colectivo de Organizaciones por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; y, del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) fueron recibidos en la Comisión de Justicia, donde expusieron sus puntos de vista respecto del proyecto de Código Integral Penal.Las agrupaciones coincidieron en objetar la incorporación de la imputabilidad de adolescentes dentro del nuevo Código Penal, tomando en cuenta que la Constitución determina que los menores en conflicto con la ley tiene un trato preferencial a través de una justicia especializada y que el tema consta en el Código de la Niñez y los instrumentos internacionales.
Alexandra Manchón, de la Defensoría del Pueblo, destacó que 32 organizaciones se mantienen de manera permanente en el referido Colectivo, bajo el principio de inclusión progresiva, tras manifestar que el pronunciamiento sobre los adolescentes en conflicto con la ley ha convocado al análisis y reflexión de más de 47 organizaciones de carácter local, nacional, regional e inclusive internacional.
Por su parte, Fernando López, del Consejo de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, explicó que el 94.47% de los ciudadanos privados de la libertad en el país son mayores de 18 años, lo que demuestra que el nivel de participación de los adolescentes en el conjunto de la problemática del delito y la inseguridad en el Ecuador es mínima.
Si los números son claros, por qué estamos pretendiendo endurecer la intervención del Estado y pasar la responsabilidad y cuenta sobre una problemática que tiene fundamentos estructurales a una población que, según la Constitución, requiere una atención prioritaria, mediante una justicia especializada, preguntó.
Reiteró que es inaceptable proponer respuestas más rigurosas y severas, cuando resulta que en la actualidad la mayor parte de chicos que han sido sentenciados por alguna infracción penal y privados de la libertad, evidencia que la sociedad y Estado va en contra de los principios de la normativa interna e internacional, pues la privación de la libertad debe ser considerada como medida de última instancia.
Así, los sometemos a una experiencia cotidiana de violencia, sin posibilidad alguna de rehabilitación para la reinserción a la sociedad, agregó.
Entre tanto, Jaime Coello, del Frente Nacional de Activistas Juveniles por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, invocó a mantener la normativa de adolescentes en conflicto con la ley penal en el Código de la Niñez y Adolescencia (CNA); mejorar los estándares existentes; impulsar políticas públicas integrales de acuerdo con estándares internaciones; aplicación de la privación de la libertad como última medida.
También, se mostró partidario de la presencia de autoridades y operadores de justicia altamente especializados; desarrollar un sistema de inclusión y seguimiento posmedida; y, respetar los principios de no regresividad e interés superior.
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