La Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social avanza en la socialización del proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo: Esta vez lo realizará en las ciudades de Ambato y Riobamba, para lo cual invita a las organizaciones sociales y a la ciudadanía a participar de este encuentro de trabajo que se llevará a efecto este viernes 26 de septiembre.
La socialización en Ambato, se desarrollará desde las 09:00 hasta las 12:00, en el Centro Cultural Eugenio Mera, ubicado en las calles Rocafuerte y Lalama, sector Medalla Milagrosa.
Mientras que en la ciudad de Riobamba, se realizará desde las 15:30 hasta las 17h30, en el Auditorio del Patronato Provincial de Chimborazo, ex Consejo Provincial, 2do, piso, ubicado en la calle 10 de Agosto y España.
En estos encuentros participarán autoridades y asambleístas de la provincia de Tungurahua y Chimborazo, los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, organizaciones sociales y la ciudadanía en general.
Cumpliendo con el cronograma previsto, la Comisión de Participación Ciudadana ha socializado el proyecto en Ibarra, Tena, Latacunga, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas Loja, Cuenca y Guayaquil.
La presidenta de la comisión, Dora Aguirre Hidalgo, explicó que el proyecto tiene por objeto regular las atribuciones y la estructura de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, considerando que esta institución es un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, desconcentrado, con autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa, que integra la Función de Transparencia y Control Social.
Entre las principales atribuciones de la Defensoría del Pueblo, se encuentran la interposición de acción ciudadana ante amenaza de violación o transgresión de un derecho fundamental en su dimensión colectiva, así como la realización de investigaciones y emisión de resoluciones frente a la presunción de su existencia; de igual manera, el organismo estará facultado para gestionar soluciones a reclamos que se presenten por violación o inobservancia de derechos de personas consumidoras de bienes o usuarias de servicios privados, sin perjuicio de que éstas puedan acudir, cuando lo consideren oportuno, a la instancia judicial o administrativa que estimen adecuada.
El Defensor del Pueblo Adjunto, Patricio Benalcázar, quien participa activamente en el proceso de socialización, resaltó que el proyecto de ley es fundamental para viabilizar el respeto, vigencia, exigencia y protección de los derechos humanos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de compatriotas que se encuentren en situación de movilidad humana.
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