La Comisión de los Derechos de los Trabajadores analiza varios cambios en el proyecto de Ley para la Justicia Laboral y Reconocimiento al Trabajo del Hogar, que apuntan a la estabilidad laboral y la cobertura de la seguridad social a las amas de casa. Esta vez recibió los criterios de jubilados del país.
El presidente de la Asociación “Batalla de Tarqui”, Gabriel Riera, pidió se mantenga el 40% de aporte del Estado para la cobertura de las pensiones, al señalar que con la reforma al Art. 237 de la Ley de Seguridad Social, se deja abierta la posibilidad de reducir o quitar ese aporte.
Por esta razón, sugirió que si se aprueba la reforma se deje estipulado que el Estado garantizará sus pensiones jubilares.
El artículo en referencia determina “que en todos los casos comprendidos en este capítulo el IESS cubrirá el 60% de la pensión respectiva y el Estado continuará financiando obligatoriamente el 40% restante; pero en cualquier circunstancia el IESS otorgará la prestación completa”.
El asambleísta Fausto Cayambe al referirse al artículo en mención, argumentó que ante cualquier circunstancia, determina que el único responsable o quien otorgará la pensión completa es el IESS y no el Estado.
Señaló que los principios de la Constitución vigente determinan que la seguridad social es un derecho de todos los trabajadores y la responsabilidad exclusiva es del Estado. “Nosotros vamos a legislar amparados en la Constitución del 2008 y velando la garantía de la pensión jubilar no solo de los 400 mil jubilados, sino de los futuros jubilados”, dijo.
La asambleísta Cristina Reyes indicó esperan la presencia de los representantes del IESS para que entreguen los estudios actuariales de sostenibilidad en el tema de la incorporación de las amas de casa a la seguridad social, así como lo que podría pasar si el Estado no aporta con el 40%.
Por su parte la presidenta del organismo legislativo, Betty Carrillo informó que frente a estas inquietudes, solicitó al Director General del IESS entregue un informe con el estudio técnico actuarial para sustituir el artículo 237 de la Ley de Seguridad Social, que establece la base legal para el 40% por concepto de aporte obligatorio que tiene el Estado para cubrir prestaciones.
Añadió que esta petición fue respondida oportunamente y se indica que bajo ningún concepto se dejará desprotegido a ningún sector y ahora es el Estado el que asume esa responsabilidad y los recursos para el pago de las pensiones del seguro general obligatorio y del régimen especial del seguro social campesino constarán en el Presupuesto General del Estado. La legisladora dispuso que por secretaría se entregue información en referencia a las personas interesadas.
En esta sesión también participó Marcelo Jijón de la Asociación Jubilados del Azuay, quien expuso similares inquietudes.
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