La Comisión de Gobiernos Autónomos, presidida por el asambleísta Richard Calderón, recibió a Gustavo Bedón, subsecretario General de Transformación del Estado para el Buen Vivir, de la Senplades y a Paúl Villarreal, asesor del Ministro de Finanzas, quienes dieron sus criterios sobre la reforma a la disposición transitoria 10 del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, a través del cual se busca incrementar de 120 a 140% la ponderación de la población rural para la entrega de recursos económicos.
Gustavo Bedón señaló que en el período 2011-2013, el gobierno asignó recursos a los gobiernos autónomos cuya población presentaba condiciones de pobreza. Para el período 2014-2017, se aplicarán ponderadores progresivos que disminuirán anualmente el peso asignado a las necesidades básicas insatisfechas e incrementarán el peso de los criterios de logros en mejoramiento de los niveles de vida y esfuerzo fiscal.
Aclaró que el beneficio en la ponderación rural establecida en la disposición transitoria 10 del Cootad deber ser temporal mientras se supere la situación de desigualdad de esta población.
Precisó que los gobiernos autónomos provinciales y municipales beneficiados con recursos no necesariamente son los más pobres, sino los que tienen mayor número de habitantes en el área rural, como por ejemplo el gobierno autónomo descentralizado de Pichincha y el gobierno autónomo descentralizado metropolitano de Quito, por ello sugirió revisar la normativa por cuanto el incremento de la ponderación en la población rural no beneficiaría directamente a los sectores en condición de pobreza porque se toman en cuenta nuevas competencias, compensación por recursos naturales no renovables, esfuerzo fiscal, administrativo.
Entre tanto, Paúl Villarreal, asesor del Ministro de Finanzas, señaló que en el modelo de equidad territorial para beneficiar a la población más pobre del país, ya se considera el criterio de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, pues los gobiernos parroquiales rurales no se beneficiarían de un incremento en su asignación al aumentar el ponderador, porque se aplica una fórmula para todos, por tanto su efecto podría anular este beneficio.
El funcionario señaló que este tema es eminentemente técnico, por ello solicitó a los parlamentarios revistar la propuesta en su integralidad, no únicamente tomando el criterio de la ponderación que existe por la población rural, sino otros criterios como la afectación a los tres niveles de gobierno, juicios constitucionales que consideran en el marco del Cootad y los ponderadores para ver qué sucede con el modelo territorial, a fin de determinar si en realidad está funcionando.
Hay que tomar en cuenta que en el tema financiero el Ministerio de Finanzas tiene una característica muy distinta, porque no palpan directamente obras públicas, pero sí la distribución de recursos que comparado con lo que se manejaba antes de la aprobación del Cootad y la Constitución del 2008 era totalmente distinto.
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