En cumplimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, llevará adelante el proceso de análisis del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial que crea la Unidad de Defensa Pública Gratuita de las Víctimas de la Delincuencia.
El titular del organismo legislativo pidió a los parlamentarios que remitan sus observaciones al proyecto, a efectos de estudiar las propuestas y presentar el respectivo informe para primer debate.
Andrés Páez, autor del proyecto, señaló que el aumento de la delincuencia obliga a que el marco jurídico ecuatoriano proteja de manera privilegiada a quienes sufren el embate de la delincuencia.
En este marco, dijo que es inaceptable pretender dejar a las víctimas de la delincuencia en indefensión, como consecuencia del accionar de los delincuentes en contraste con los afectados. Se ofrecen ventajas procesales a los victimarios por el patrocinio e intervención de la Defensoría Pública, que defiende exclusivamente a quienes aparentemente no tienen quien les represente en los procesos penales, afirmó.
Reiteró que la mayoría de las víctimas de la delincuencia se encuentran en indefensión, por la inoperante aplicación de la ley por parte de los operadores de justicia y la gravísima desigualdad procesal entre víctimas e imputado, ya que en general la mayoría de personas que han sido víctimas de la delincuencia, no tienen acceso directo al proceso penal que garantice una defensa óptima y de calidad.
En este marco, dijo que “es inconstitucional e ilegal discriminar el derecho a la defensa a las víctimas de la delincuencia, que son los que realmente necesitan de asistencia social y jurídica del Estado y cuyos derechos terminan siendo gravemente afectados”.
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