La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidida por el asambleísta Fernando Bustamante, remitió el informe del “Convenio entre los Gobiernos de Ecuador y Uruguay para evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y Prevenir la Evasión Fiscal” y su Protocolo.
El organismo legislativo recomienda al Pleno la ratificación del tratado, tomando en cuenta que la Corte Constitucional emitió dictamen previo y vinculante, además que el documento contribuye a fortalecer el aparato productivo y la producción nacional.
La Comisión de Soberanía considera que se trata de un convenio surgido al amparo del Derecho Internacional Público, reconocido como norma de conducta por el Ecuador; coincide con los preceptos de la Constitución de modo íntegro, tanto en su legalidad adjetiva como en la esencia conceptual de sus postulados; que Uruguay es un Estado miembro de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), de la cual nuestro país también es miembro y en la que tiene muchos políticos, económicos, comerciales, tecnológicos, de seguridad y de defensa, entre otros.
También se señala que Uruguay es un Estado miembro del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), respecto del cual Ecuador tiene intereses, especialmente comerciales, ya que se trata del mayor mercado productor de alimentos del mundo, entre otras fortalezas. Es un Estado miembro de organismos internacionales donde nuestro país tiene intereses de primer orden como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos, etc.
El Convenio busca desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo; regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar las inserción estratégica del país en la economía mundial; fortalecer el aparato productivo y la producción nacional; impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo; evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados.
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