Con la finalidad de que presenten sus observaciones al proyecto de reformas a la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, la Comisión de Biodiversidad remitirá a los distintos actores sociales la modificación al artículo 46, propuesta por el Ejecutivo.
De conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el plazo para la socialización con la ciudadanía y los sectores involucrados es de 15 días, por tanto, el proyecto será remitido a los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos; Coordinador del Patrimonio; del Ambiente; Recursos Naturales no Renovables; Fiscalía General del Estado; autoridades municipales y provinciales para que presenten sus criterios, mismos que serán incluidos en una matriz para ser debatidos.
De esta manera el organismo legislativo inició el trámite de este proyecto de reformas a la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental que establece los principios y directrices de política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.
La presidenta de la Comisión, Rosana Alvarado indicó que es necesario tomar en cuenta que la gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que, de ser necesario recibirá en comisión general a alcaldes, prefectos o secretarios de Estado para que expongan sus criterios.
El presidente de la República, Rafael Correa propone sustituir el texto del artículo 46, del Capítulo II referente a las acciones administrativas y contencioso administrativas, por el siguiente: cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas de protección ambiental, la autoridad competente adoptará, sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley, las siguientes medidas administrativas: decomiso de las especies de la flora y fauna obtenidas ilegalmente; retención y destrucción de las maquinarias y los implementos utilizados para cometer la infracción establecida en la Ley u otros cuerpos legales o reglamentarios de carácter ambiental.
Así mismo, exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos, estudios y evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas para mitigar y compensar daños ambientales, en el término de 30 días.
Los comisionados consideraron que es necesario estudiar la posibilidad de ampliar las sanciones; que la maquinaria en lugar de ser destruida, conforme se propone, pueda ser utilizada por las juntas parroquiales, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados en obras sociales, en beneficio de cada sector.
La presidenta de la comisión, Rosana Alvarado, anunció que el informe para primer debate podría estar listo entre el 10 y el 12 de febrero.
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