Este miércoles 16 de febrero, a partir de las 10H30, los integrantes de la Comisión de Biodiversidad analizarán el borrador del informe para primer debate del proyecto de reformas a la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, cuyo objetivo es incorporar medidas administrativas que se sumarán a las sanciones previstas en la Ley.
La presidenta de la Comisión, Rosana Alvarado, indicó que es necesario tomar en cuenta que la gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
El jefe de Estado, Rafael Correa Delgado, propone sustituir el texto del artículo 46, del Capítulo II, referente a las acciones administrativas y contencioso administrativas, por el siguiente: cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas de protección ambiental, la autoridad competente adoptará, sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley, las siguientes medidas administrativas: decomiso de las especies de la flora y fauna obtenidas ilegalmente; retención y destrucción de las maquinarias y los implementos utilizados para cometer la infracción establecida en la Ley u otros cuerpos legales o reglamentarios de carácter ambiental.
Así mismo, exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos, estudios y evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas para mitigar y compensar daños ambientales, en el término de 30 días.
Como se recuerda, el organismo legislativo mantuvo una sesión de trabajo con Yurí Iturralde, Francisco Cevallos y Martha Ganchozo, delegados de los ministerios del Ambiente y de Recursos Naturales no Renovables; y, de la Secretaría Nacional Jurídica, quienes argumentaron sobre los alcances de la propuesta gubernamental.
Expresaron que la norma constituye una herramienta eficaz para enfrentar la utilización de maquinaria pesada en actividades de alto impacto contra el ecosistema y los recursos naturales del país, tal como sucedió con el caso Conguime, del cantón Paquisha, provincia de Zamora Chinchipe.
Indicaron que esta acción generó la pérdida de la cobertura vegetal, afectación a ríos y esteros, alternación del curso natural del río, la pérdida de la capa fértil del suelo, frecuencia de enfermedades derivadas y relacionadas a la labor minera, conflictos sociales y migración, tras enfatizar que la reforma fortalece los principios constitucionales atinentes a los derechos de la naturaleza.
En este marco, luego de la socialización y recolección de observaciones, la presidenta de la Comisión convocó a los miembros de este organismo legislativo a la sesión ordinaria 57, para debatir el borrador del informe para primer debate.
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