Con el apoyo de los legisladores Rolando Panchana, Tito Nilton Mendoza, presidente y vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad, respectivamente, y los asambleístas Fernando Cáceres, Dolores Moreno, alterna de Tomás Zevallos; y, María de Lourdes Alarcón, suplente de Nicolás Lapentti, el organismo legislativo aprobó el texto alternativo y el informe para primer debate del proyecto de Ley General de Cambio Climático, de autoría de la parlamentaria María Molina, que tiene por objetivo regular las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
La normativa será aplicable a todos los órganos públicos que posean competencias relativas a las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático de manera descentralizada dentro del territorio nacional.
El proyecto determina que es obligación coordinar las acciones a ejecutarse respecto de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, entre todo el gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados y el régimen especial.
La rectoría en relación a las políticas públicas de adaptación y mitigación al cambio climático, la ejercerá la autoridad ambiental, que de forma periódica evaluará el cumplimiento de las medidas establecidas en la estrategia nacional de cambio climático.
El cuerpo legal prevé que la autoridad ambiental nacional, mediante planes, programas y proyectos, ejecutará las medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático, con la activa participación de la ciudadanía.
Las medidas de mitigación al cambio climático, se encuentran bajo la rectoría de la autoridad ambiental, que para el desarrollo de los proyectos, planes y programas, priorizará el promover los patrones de producción y consumo que disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero, en el sector público y privado; promover prácticas de eficiencia energética en coordinación con la autoridad nacional de energías renovables; impulsar programas para evitar la deforestación y degradación del recursos forestal, en áreas de índole privado.
Además se establece que la autoridad ambiental nacional, en coordinación con la autoridad nacional de telecomunicaciones, impulsará el mejoramiento de las capacidades y mecanismos que faciliten el desarrollo y la transferencia de tecnologías amigables con el ambiente, mediante el desarrollo de bases de datos de información sobre parámetros técnicos, económicos y ambientales de tecnologías ecológicamente racionales, su disponibilidad y posibilidades de transferencia.
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