Comisión de Biodiversidad continúa investigación sobre presuntas ilegalidades de la empresa Botrosa

Miércoles, 20 de octubre del 2010 - 20:41 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Cerca de tres horas duró la comparecencia de los representantes de la empresa Botrosa en la Comisión de Biodiversidad, en donde respondieron ciertas denuncias presentadas por  varias comunidades del Noroccidente de Pichincha, presuntamente afectadas en la posesión de sus tierras y en la conservación de sus bosques por parte de la compañía.

 

El Director del Programa “Bosques para siempre”, de Botrosa, Ángel Jácome, indicó que la empresa tiene un plan de manejo forestal sostenible sustentado en tres ejes: ambiental, social y económico. El ambiental tiene como propósito el cuidado del bosque en el proceso de cosecha forestal y el futuro manejo del bosque remanente, es decir, bajo consideraciones de conservación se planifica el uso y manejo del recurso a través de prácticas sostenibles, subrayó.

En lo social, continuó, el grupo empresarial genera un conjunto de acciones de desarrollo con amplios grupos poblacionales que se encuentra en su zona de influencia para atender aspectos de educación, salud, proyectos productivos ambientales locales, gestión comunitaria; mientras que en el campo económico, existen alrededor de 2000 personas que trabajan y cuentan con todos los beneficios sociales de ley, según testimonio de la gente que labora en esta compañía.

Además, afirmó, Endesa Botrosa cuenta con certificaciones ISO 9001, FSC (Forest Stewardship Council) BASC e INEN, garantizando de esta manera procesos productivos eficientes así como la permanencia indefinida del bosque.

A su vez, la presidenta de la Comisión de Biodiversidad, Rosana Alvarado, fue enfática al señalar que existen varias denuncias contra esta empresa que datan varios años en aspectos relacionados con el cierre de paso a caminos vecinales, títulos de adjudicación sin firmas de responsabilidad, desplazamiento forzado de varias comunidades, amenazas, intimidaciones, amedrentamiento a pobladores del sector, adjudicación ilegal del predio El Pambilar (Esmeraldas), el pedido de la Defensoría del Pueblo para que se tutelen los derechos de los campesinos en la zona de conflicto, entre otros aspectos.

Añadió que le preocupa que Botrosa hable de la efectividad del Ministerio del Ambiente porque todos sus planes de manejo son auditados en un 100%, lo cual no se evidenció cuando visitaron el predio El Pambilar.

Entre tanto, el asambleísta Francisco Velasco al sostener que El Pambilar pertenece al Estado y que fue adjudicado ilegalmente por el INDA y devastado por esta compañía, pidió respeto para los campesinos y demandó de las empresas que se dedican a esta actividad que adopten políticas distintas a efectos de no invadir el patrimonio forestal del Estado, ni usurpar áreas protegidas y se abstengan de atemorizar a los pobladores para posesionarse de territorios.

De su lado, César Gracia indicó que cuando visitaron El Pambilar, prácticamente encontraron una zona depredada en su totalidad, sin ningún manejo sustentable, pese a que este lugar  se encuentra dentro del forestal del Estado y es árte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

El asambleísta Alfredo Ortiz señaló que luego de los diálogos con los habitantes de las comunidades del noroccidente de Pichincha se concluyó que existió abuso de la empresa Botrosa y que la confrontación con los pobladores puede llevar a serias consecuencias, a más de que no existe un control forestal por parte del Ministerio de Ambiente.

De su lado, los asambleístas Fernando Cáceres, Gido Vargas, María Molina, Zobeida Gudiño, Fernando González, Cléver Jiménez y Tomás Zevallos, solicitaron a Manuel Durini, presidente Ejecutivo de Botrosa, que entregue toda la información respecto de la adjudicación de tierras otorgadas por los organismos respectivos, misma que deben estar notariada y las certificaciones de los planes de manejo ambiental, para esclarecer muchos aspectos que se han denunciado y que son de conocimiento público.

También hay preocupación porque no existe libre tránsito de las personas por las gabarras construidas, tampoco se toma en cuenta la mano de obra del sector. Además se destacó que en muchos casos se ha denunciado que se transportan grandes cantidades de madera refién talada sin la correspondiente guía de autorización, entre otros, agregaron.

Finalmente, Rosana Alvarado subrayó que el hecho de que el representante de Botrosa haya acudido a este organismo legislativo es una señal de querer aclarar algunos temas, pero que más allá de eso existen informes de organismos de control que demuestran irregularidades, por lo que continuarán investigando hasta que se aclaren los mismos.

JLVN/pv

 

 

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