El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió que la Comisión de Biodiversidad inicie el proceso de fiscalización contra el Director del Instituto de Desarrollo Agrario, INDA, en razón de que no ha entregado la información solicitada por la asambleísta Rosana Alvarado; y, por tanto, ha incumplido con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La titular del organismo legislativo y denunciante indicó que el pasado 30 de noviembre de 2009 solicitó al Director del INDA, Galo Aldás, la información relativa a la revocatoria de los actos por los cuales el Instituto adjudicó a favor de Bosques Tropicales SA. (Botrosa) una superficie aproximada de 3 400 hectáreas de bosques húmedos del predio El Pambilar, parroquia Malimpia, cantón Quinindé, de la provincia de Esmeraldas.
Dicha revocatoria fue ordenada por el Tribunal Constitucional, luego del trámite de una acción de amparo presentada por Floresmilo Villalta, sin embargo de lo cual, hasta la fecha, no se ha cumplido, por lo que dichos predios se hallan en posesión ilegítima de Botrosa SA., misma que al explotar el bosque primario (si es que no lo ha hecho ya) causaría un daño ambiental muy grave para la provincia de Esmeraldas y para el país, dijo.
Sin embargo, hasta la presente fecha, el Director del INDA no ha respondido a esta solicitud, que está respaldada por la ley y se somete a los plazos previstos en los artículos 75 y 76 de la Ley Orgánica de la Función Judicial.
Bajo estas consideraciones, el funcionario deberá comparecer ante esta comisión, a fin de que explique los motivos de su demora en la entrega de información.
Rosana Alvarado explicó que, en virtud de una acción de amparo constitucional, Floresmilo Villalta solicitó al Juez Segundo de lo Civil de Pichincha, la revocatoria de los actos con los que el Instituto Ecuatoriano de Desarrollo Agrario (INDA) adjudicó a favor de Bosques Tropicales SA. una superficie considerable de bosques húmedos del predio El Pambilar.
Dicha acción fue negada por el juez de primera instancia, pero llegó en apelación a la Segunda Sala del entonces Tribunal Constitucional, la misma que revocó la sentencia del inferior, concedió el amparo solicitado y dispuso dejar sin efecto la adjudicación antes referida, con lo cual las tierras adjudicadas debieron volver al patrimonio del Estado.
La posición del Tribunal es coincidente con la que en su momento manifestó la Comisión de Control Cívico de la Corrupción en cuanto a la ilegalidad de la adjudicación, por tratarse de tierras que son parte del Patrimonio Forestal del Estado, agregó.
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