La Comisión de Biodiversidad, presidida por la asambleísta Rosana Alvarado, analizará, capítulo por capítulo, las reformas a la Ley de Minería, de iniciativa del asambleísta Cléver Jiménez, quien fundamentó ante el organismo la conveniencia de las modificaciones propuestas, considerando que se debe aplicar correctamente el mandato constitucional sobre la participación del Estado ecuatoriano en los beneficios generados por el aprovechamiento de los recursos naturales, lo cual no está claramente regulado.
Explicó la norma vigente limita el derecho de los ecuatorianos a ser verdaderos partícipes de los réditos que produce la explotación de los recursos naturales, tanto por ser dueños de sus yacimientos -que son parte del patrimonio nacional y del sector estratégico del Estado-, cuanto por los impactos ambientales que provoca su explotación. Por ello, es imprescindible legislar con sentido nacional, introduciendo auténticas reformas que permitan estructurar mecanismos legales, técnicos, ágiles y oportunos para fortalecer el aprovechamiento, consumo y uso de nuestros recursos naturales y sus beneficios.
Indicó que la Ley de Minería evade la responsabilidad del Estado en cuanto a la adopción de políticas y medidas oportunas para evitar los inminentes impactos ambientales, lo que conlleva implícito a más de la sanción correspondiente, la obligación del titular minero de restaurar los ecosistemas y resarcir a las personas y comunidades afectadas por la explotación minera.
Reiteró que urge adoptar un marco jurídico que garantice la efectiva vigencia y ejercicio de los derechos fundamentales, que son de absoluta responsabilidad del Estado, tales como el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a participar activamente en los procesos de consulta, obligatoria, libre e informada sobre proyectos de explotación de recursos naturales; el manejo adecuado de las áreas mineras y su entrega a los titulares mineros; la participación de los trabajadores vinculados con la actividad minera, por la venta del mineral principal y minerales secundarios; y, el correcto y adecuado tratamiento y recuperación de las áreas afectadas por actividades mineras.
Entre tanto, Rosana Alvarado precisó que a fin de no afectar los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, respecto de ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos, solicitará al Presidente de la Asamblea Nacional establezca el procedimiento para el trámite del proyecto de reformas a la Ley de Minería, vía consulta prelegislativa.
Enfatizó que el documento fue socializado con los ministerios de Recursos Naturales no Renovables; de Ambiente; de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales; la Cámara de Minería del Ecuador; universidades y escuelas politécnicas con carreras afines a la minería, entre otros, de quienes se espera envíen sus observaciones.
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