Con la finalidad de continuar con el análisis de los proyectos de reformas a la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental y la Ley de Minería, en segundo y primer debate, respectivamente, la presidenta de la Comisión de Biodiversidad, Rosana Alvarado, citó a los integrantes de este organismo a la sesión 62, para este viernes 20 de mayo, a las 11H00.
Gestión Ambiental
Durante el primer debate del proyecto de reformas a la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, asambleístas de distintas tendencias políticas coincidieron en la necesidad de establecer medidas efectivas y oportunas a favor del ambiente, precautelar las áreas protegidas, los derechos de los pueblos y nacionalidades asentadas en zonas sensibles, a través de una eficaz gestión administrativa que reconozca a las autoridades competentes la capacidad para sancionar de manera oportuna las acciones que provoquen daños ambientales, como consecuencia de actividades productivas.
La propuesta, de iniciativa del Ejecutivo, modifica el artículo 46, del Capítulo II, que se refiere a las acciones administrativas y contencioso administrativas que se deben tomar para sancionar a quienes incumplan con el ambiente, por tanto, los legisladores advirtieron que no necesariamente se debe destruir la maquinaria, porque ésta, mediante donación, podría ser entregada a entidades públicas, particularmente los gobiernos autónomos descentralizados, para que sea utilizada en obras de desarrollo local. Sin embargo, en caso de que se encuentren en lugares de difícil acceso o movilización, lejanía, su destrucción sería viable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de ciertos ecosistemas.
Estas y otras observaciones deberán ser procesadas y sistematizadas por la Comisión, en el análisis del informe para segundo debate.
Minería
La Comisión decidió analizar capítulo por capítulo el proyecto de iniciativa del asambleísta Cléver Jiménez, quien destacó que las modificaciones propuestas son necesarias, considerando que se debe aplicar correctamente el mandato constitucional sobre la participación del Estado ecuatoriano en los beneficios generados por el aprovechamiento de los recursos naturales, lo cual no está claramente regulado.
Explicó la norma vigente limita el derecho de los ecuatorianos a ser verdaderos partícipes de los réditos que produce la explotación de los recursos naturales, tanto por ser dueños de sus yacimientos -que son parte del patrimonio nacional y del sector estratégico del Estado-, cuanto por los impactos ambientales que provoca su explotación. Por ello, es imprescindible legislar con sentido nacional, introduciendo auténticas reformas que permitan estructurar mecanismos legales, técnicos, ágiles y oportunos para fortalecer el aprovechamiento, consumo y uso de nuestros recursos naturales y sus beneficios.
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