Previo a la definición del articulado sobre el espectro radioeléctrico, la Comisión de Comunicación solicitará a las instancias correspondientes un informe respecto de la disponibilidad actual de frecuencias y de las concesiones ilegales en el país.
Una vez que se cuente con la información requerida tendríamos una base más amplia para armar la normativa correspondiente, dijo la presidenta de la Comisión, Betty Carrillo.
El planteamiento surgió en el debate sobre este tema, con base en las propuestas de César Montúfar y María Augusta Calle.
Montúfar propuso cuatro artículos referentes a la democratización, pluralidad y diversidad; asignación de frecuencias en igualdad de condiciones; derecho al acceso y uso del espectro radioeléctrico; y, de la Secretaría Nacional de Administración del Espectro Radioeléctrico, que será un organismo técnico que tendrá a su cargo la asignación de las frecuencias radioeléctricas para radio y televisión.
Entre tanto, María Augusta Calle recordó que en diciembre de 2008 existían 1 865 frecuencias, concentradas en las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí. Además, cerca de 500 frecuencias han sido entregadas ilegalmente, la mayoría de las cuales se concentran en nueve concesionarios.
En este contexto, Calle planteó que exista una distribución equitativa de frecuencias para medios públicos, privados y comunitarios (a razón del 33% cada uno).
Aclaró que su propuesta no persigue la reversión de las frecuencias entregadas legalmente.
La Comisión también analizó la igualdad de condiciones para acceder a los medios, plazo y posibles condiciones para la renovación de las frecuencias, aspectos que se mantendrán en la Ley de Telecomunicaciones, entre otros temas cuyo debate continuará.
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