Los integrantes de la Comisión de Derechos Colectivos calificaron de inconstitucional la separación de alrededor de 4 645 empleados públicos, de 47 instituciones, mediante renuncia obligatoria, con un costo de 126 millones 550 mil dólares, por lo que exigirán a la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 813, promulgado el 7 de julio de 2011, por ser atentatorio a las disposiciones constitucionales; así mismo, el inmediato reintegro de todos los servidores/as públicas que han sido separados de sus cargos.
La presidenta del organismo legislativo, Lourdes Tibán, enfatizó que se debe realizar el debido proceso de cada causa, es decir, iniciar con sanciones administrativas, pero decir que se les vota por casos de corrupción sin darles la oportunidad del derecho a la defensa, es inconstitucional. Por ello, dijo que realizará las acciones necesarias para que la Corte Constitucional acelere el proceso de inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 813, a través del cual se están dando lugar los despidos intempestivos, con la compra de renuncia obligatoria.
En este organismo legislativo asistieron también los asambleístas Nivea Vélez, Jorge Escala, Leonardo Viteri quienes señalaron que defenderán los derechos de los trabajadores y apoyarán las acciones que se desarrollen para que se respete la estabilidad laboral.
También, los miembros de este organismo legislativo recibieron en comisión general al doctor Raúl Moscoso de la Confederación de Profesionales de la Salud y a Carlos Figueroa de la Federación Médica Ecuatoriana quienes denunciaron que los centros de salud se están quedando sin médicos especialistas por los despidos intempestivos. Señalaron que es alarmante lo que está sucediendo en el país, argumentando que las acciones de personal no tienen justificación alguna y más bien vulneran los derechos de los trabajadores.
Así mismo, dijeron que no se respetó a las mujeres en estado de gestación, ni a las personas con discapacidad, al tiempo que pidieron el apoyo político de los asambleístas, a fin de que se lleve hasta las últimas consecuencias este tema. Indicaron que presentarán las medidas cautelares del caso, un recurso de protección, así como las denuncias penales y pondrán en conocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Entre tanto, el asambleísta Jorge Escala, recordó que con anterioridad presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 813, por violentar los derechos al trabajo. Indicó que el gobierno está aplicando una política autoritaria con un clima de violencia y de lo que conoce hasta diciembre de este año se despedirían 5 000 empleados.
Bajo estos parámetros pidió al organismo legislativo que invite al Ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa para que explique el proceso de despedido y la supuesta falsificación de su firma en los mismos.
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