La Comisión de Derechos Colectivos resolvió demandar del Gobierno Central el inmediato reintegro de todos los servidores públicos que han sido inconstitucionalmente separados de sus cargos, mediante la figura de la “compra de renuncia obligatoria”, por medio de la implementación del Decreto Ejecutivo No.813 del 7 de julio del 2011.
Así lo informó la presidenta del organismo, Lourdes Tibán, quien señaló que también decidieron “exigir al régimen que se abstenga de continuar los despidos”.
La parlamentaria recordó que el 28 de octubre del 2011, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Relaciones Laborales, amparándose en el Decreto Ejecutivo 813, inicio, un proceso de despidos intempestivos en contra de los funcionarios públicos que “para tal efecto ejecutaron un operativo policial para desalojarlos de sus puestos de trabajo, obligando a firmar las renuncias sin respetar la voluntad de los servidores públicos”.
Mediante la resolución adoptada se pide del Pleno de la Asamblea Nacional el pronunciamiento de rechazo “respecto a la actitud de vulneración de los derechos laborales de los servidores públicos, realizado por el Gobierno Nacional, mediante la ejecución del Decreto Ejecutivo No. 813” y exige al Mandatario la derogatoria del decreto.
Igualmente, solicitan de la Corte Constitucional la debida celeridad procesal en el tratamiento de las demandas de inconstitucionalidad planteadas en contra de la Ley Orgánica de Servicio Público y del Decreto Ejecutivo No. 813 de 7 de julio del 2011.
Indicó que “la comisión decidió apoyar las acciones judiciales y extrajudiciales que planteen los servidores públicos en defensa de su derecho a la estabilidad laboral; iniciar el juicio político en contra del Ministro de Relaciones Laborales, por su actuación inconstitucional e ilegal en la implementación del Decreto Ejecutivo No. 813”.
Lourdes Tibán, señaló que “estos despidos dejan en el desamparo a cientos de familias y además ponen en riesgo el derecho a la jubilación de los servidores públicos, ya que están siendo despedidos faltando pocos años para cumplir los requisitos necesarios para acceder a este derecho constitucional”.
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