Por unanimidad de los presentes, la Comisión de Derechos Colectivos resolvió insistir en la comparecencia del Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, con la finalidad de que explique las razones por las cuales 10 ciudadanos de Luluncoto, de manera ilegal, son procesados y detenidos.
Indicaron que de conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es potestad de los asambleístas requerir información a los funcionarios públicos, por ello, subrayaron que no renunciarán a sus atribuciones y deberes como la de fiscalizar los actos de los órganos del poder público, según lo determina el artículo 120 de la Constitución.
El asambleísta Jorge Escala indicó que por reiteradas ocasiones ha solicitado la intervención de la Defensoría del Pueblo, ya que “existe una serie de violaciones al debido proceso y a los derechos humanos por parte de la Fiscalía, jueces y agentes de la Policía Nacional en el caso del proceso judicial llevado en contra de los 10 jóvenes estudiantes y profesionales detenidos en una vivienda del sector de Luluncoto, sur de Quito, por encontrarse reunidos debatiendo la problemática del buen vivir en el Ecuador y quienes se encuentran injustamente privados de su libertad por un tiempo que supera ya los 200 días”
En este marco, dijo que el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, debe responder cual ha sido su gestión en torno a defender los derechos humanos, derechos de libertad, derechos colectivos y al debido proceso, violentados en este caso, y a los cuales está llamado a salvaguardar.
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