Con la finalidad de recoger aportes para preparar el informe para segundo debate del proyecto de Ley del Derecho de las Personas Usuarias y Consumidoras, la Comisión de Desarrollo Económico, recibió a María José Troya, directora de la Tribuna del Consumidor; Hernán Ordóñez, vicepresidente Regulatorio de Otecel; César Cárdenas, del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos; y, a Roberto Gortaire, de la Comisión Nacional de Consumidores por la Soberanía Alimentaria, quienes pidieron que las sugerencias planteadas sean tomadas en cuenta en el documento final que presentará el organismo legislativo.
El presidente de la Comisión 4, Fernando Vélez, indicó que se busca generar una nueva ley que permita a las personas usuarias y/o consumidoras contar con un cuerpo normativo que garantice efectivamente la defensa, promoción, reparación y restitución de sus derechos en el marco de la Constitución vigente, pero principalmente se ajuste a la realidad que enfrenta día a día la ciudadanía en relación al consumo, uso, promoción y oferta de bienes y servicios.
María José Troya, de la Tribuna del Consumidor, dijo que de aprobarse la propuesta en los términos que está planteada, traería graves dificultades en su aplicación, ya que dentro del articulado existen algunos temas que ya están regulados mediante leyes especiales, lo cual podría entorpecer el propósito mismo de la ley, que es la protección de las personas usuarias y consumidoras.
En este marco pidió que se supriman los artículos 69, 70 y 71 que corresponden a la prestación de medicina prepagada, ya que existe una ley al respecto; así como el artículo 102 que trata de las obligaciones en la prestación de servicios de alquiler de vehículos con fines turísticos, a la vez que señaló estar preocupada que la Defensoría del Pueblo adquiera, mediante ley, una gama amplísima de atribuciones que rebasan lo previsto en la Constitución.
En cambio, Hernán Ordóñez, de Otecel, precisó que en la normativa existe una mezcla de ámbitos de competencia, regulación y control sectorial entre CONATEL y la Superintendencia de Telecomunicaciones; además de una multiplicidad de atribuciones de competencia y regulación a diversos órganos.
Entre tanto, César Cárdenas, del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, al felicitar a la Asamblea Nacional por la elaboración de este proyecto y, de manera particular, a la asambleísta María Soledad Vela autora de esta iniciativa, dijo que las recomendaciones y propuestas provienen de un centenar de organizaciones de varias ciudades del país, por tanto, manifestó estar de acuerdo que a la Defensoría del Pueblo se le dote de mayores atribuciones que las que actualmente tiene en la vigente Ley de Defensa del Consumidor.
Roberto Gortaire, de la Comisión Nacional de Consumidores por la Soberanía Alimentaria, fue enfático al señalar que urge prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que pongan en riesgo la salud de las personas; y que se debe prohibir la comercialización de productos de bajo valor nutricional en los establecimientos educativos.
Agregó que es indispensable disminuir y erradicar la desnutrición, para lo que el Estado debe incentivar el consumo de alimentos nutritivos, preferentemente de origen agroecológico y orgánico y que se debe apoyar su comercialización, así como promover la realización de programas de promoción y educación nutricional para el consumo sano, la identificación y etiquetado de los contenidos nutricionales de los alimentos y la coordinación de las políticas públicas.
La Comisión resolvió pedir al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, una ampliación de plazo para socializar esta propuesta con todos los sectores involucrados, a fin de que puedan dar sus aportes que permitan mejorar el cuerpo legal.
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