El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Fernando Vélez, convocó a los miembros de este organismo legislativo, para mañana, luego de la sesión del Pleno, con la finalidad de conocer la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que estudie nuevas propuestas de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
La comisión recibirá a la asambleísta Saruka Rodríguez, autora de uno de los proyectos, para que explique los fundamentos de su propuesta que busca eliminar la prisión de tres días de las sanciones aplicables a las contravenciones muy graves, mismas que serán sancionadas con multa de una remuneración básica unificada del trabajador en general y reducción de 10 puntos en su licencia de conducir.
Transportación desde y hacia los aeropuertos
El parlamentario Rafael Dávila, en el proyecto de reformas a la Ley de Tránsito asegura que el país afronta una realidad en el sector de la transportación formal de pasajeros desde y hacia los aeropuertos, pues las estaciones aéreas se encuentran en cantones o parroquias distintas a las de concentración de usuarios como por ejemplo Quito-Tababela, Loja-Catamayo, Machala-Santa Rosa, Portoviejo-Manta; por tanto, se debe dar a los usuarios la posibilidad de escoger el servicio de transporte comercial que desean utilizar para su movilización hacia los aeropuertos, esto en razón de sus propias necesidades de tiempo, comodidad, economía, etc.
En este marco, propone que la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial podrá autorizar la regularización de compañías de taxis que presten el servicio de transporte de pasajeros desde y hacia los aeropuertos en todo el país, especialmente en los ámbitos local, intracantonal e intraprovincial.
Además, Rafael Dávila, sugiere que sea sancionado con prisión de seis meses a un año, suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo, multa de uno a tres salarios básicos unificados del trabajador en general; quien conduzca un vehículo de transporte público y/o comercial, con llantas lisas o daños mecánicos previsibles y que en caso de que el dueño del vehículo y el conductor sean personas distintas, el propietario del vehículo será solidariamente responsable y será sancionado con una multa de tres a cinco salarios básicos unificados del trabajador en general. La operadora a la cual pertenece, será sancionada con un monto igual y además con la suspensión de hasta 90 días de su permiso de operación sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la ley.
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