La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta Silvia Salgado Andrade, luego de analizar las pruebas de cargo y de descargo presentadas por las partes, con seis votos a favor, archivó el trámite de juicio político contra la ministra de Educación, Gloria Vidal, por cuanto no se ha evidenciado incumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales y, más bien, ha demostrado que en su gestión ha contribuido con los objetivos y metas de la educación constantes en el Plan Nacional del Buen Vivir.
La moción de archivo del juicio político fue planteada por la vicepresidenta del organismo, Marllely Vásconez y tuvo el apoyo de los asambleístas Lídice Larrea, Omar Juez, Fernando Cáceres, Viviana Bonilla y Silvia Salgado. Votó en contra el parlamentario Franklin Purcachi (alterno del asambleísta Galo Lara). Hubo tres abstenciones de los legisladores Alfredo Ortiz, Luis Morales y Grace Moreira. Estuvo ausente el asambleísta Tomás Zevallos
En la resolución se incluyen seis recomendaciones a la funcionaria de Estado, entre otras dé una solución urgente y definitiva a la grave situación por la que están atravesando los jubilados del magisterio, quienes demandan el pago de la diferencia del incentivo de la jubilación que consta en la Vigésimo Primera Transitoria de la Constitución, que corresponde a los maestros jubilados durante los años 2008, 2009 y 2010.
Así mismo, acogiendo la propuesta de los jubilados de las 24 provincias del país, se propondrá una ley interpretativa a la Ley Orgánica de Educación Intercultural por la cual se permitirá el pago de la diferencia del estímulo de la jubilación, garantizando y manteniendo el principio de igualdad ante la ley.
La Comisión exige que, a través de un acuerdo ministerial, se dé paso a la creación de la modalidad de Bachillerato en Artes, en el marco del Bachillerato General Unificado, que permita un reajuste del tronco común de asignaturas generales, incluyendo materias de especialización desde el primer año de bachillerato, en respuesta a la especificidad de varias unidades educativas como las de música y artes.
Cabe recordar que el juicio político fue planteado por el asambleísta Jorge Escala, del Movimiento Popular Democrático, por incumplimiento de las funciones asignadas en la Constitución y la ley, sobre todo en lo referente a la aplicación de la Ley de Educación Intercultural, del Bachillerato General Unificado, mismo que a su criterio no responde a la realidad del país, así como el incumplimiento del pago a los maestros contratados y de las reliquidaciones a los jubilados del sistema educativo.
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