Por considerar que de los medios probatorios presentados y solicitados por los asambleístas Andrés Páez, Carlos López y Luis Morales no se desprende relación de causalidad directa inmediata entre los hechos imputados al ex ministro de Electricidad y Energía Renovable, Esteban Albornoz y sus acciones u omisiones en el ejercicio del cargo, la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Silvia Salgado Andrade, resolvió archivar la correspondiente solicitud de enjuiciamiento político en su contra.A favor del archivo de la causa se pronunciaron los asambleístas Betty Amores, Mauro Andino, Pamela Falconí, Gastón Gagliardo, Rosa Ponce (alterna de Marco Murillo) y Silvia Salgado. En contra votaron Galo Lara y Ramiro Terán.
En efecto, una vez concluida la sustanciación del proceso, conforme lo determinado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el organismo parlamentario emitió el informe motivado sobre la solicitud de juicio político en contra del ex secretario de Electricidad, Esteban Albornoz, por el cual recomienda su archivo. En los considerandos se afirma que de la solicitud se advierte que no se adjuntan pruebas con la solicitud y que no se anuncian de forma concreta las pruebas que se presentarán en el proceso.
La Comisión, en el segundo numeral de la resolución, propone al Pleno de las Asamblea delegue a una Comisión Especializada la elaboración de un nuevo proyecto de Ley Energética, en la que se desarrollen las disposiciones y postulados de la Constitución de la República, para que la provisión oportuna y suficiente de energía se constituya en un medio que coadyuve al desarrollo de la sociedad ecuatoriana, en la que particularmente deberá garantizarse los mecanismos legales para propiciar la inversión en generación de energía eficiente, barata y ambientalmente sostenible, en el marco del capítulo quinto del régimen de desarrollo de la Constitución.
Así mismo, sugiere que la Comisión Especializada de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa ejerza las funciones de control político sobre la Fiscalía General del Estado, la Contraloría y los demás órganos competentes, a fin de que en el cumplimiento de sus obligaciones, realicen un seguimiento riguroso a las acciones judiciales iniciadas por las autoridades del sector eléctrico en defensa de los intereses del Estado.
Los referidos asambleístas plantearon el juicio político contra ex funcionario por una presunta imprevisión frente a la generación eléctrica, que obligó al gobierno a aplicar racionamientos de energía que, a su vez, dejó como resultado cuantiosas pérdidas al país por la negligencia de las autoridades del sector energético.
EG
