Con 6 votos de los asambleístas Betty Amores, Mauro Andino, César Rodríguez, Gastón Gagliardo, Pamela Falconí y Silvia Salgado, la Comisión de Fiscalización y Control Político resolvió archivar la solicitud de juicio político presentada por Fausto Cobo en contra del ministro de Defensa Nacional, Javier Ponce Cevallos, por presunto incumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución y la Ley, relacionadas con la indefensión en que estuvo el país frente a las amenazas externas de Colombia; y, por presunciones de responsabilidades penales y civiles en la adquisición de helicópteros Dhruv para la Fuerza Aérea Ecuatoriana.En contra votaron: Scheznarda Fernández, Galo Lara, Abdalá Bucaram, Ramiro Terán y Marco Murillo.
La resolución se tomó con base a la recomendación elaborada por una subcomisión de asambleístas.
En la resolución se requiere al Contralor General del Estado realice una auditoría especial al proceso de contratación para la adquisición de 7 helicópteros de mediana capacidad, adjudicado a la empresa Hindustan Aeronautics Limited HAL el 29 de septiembre del 2007, y en particular se analice la actuación del Teniente Coronel de Aviación, Jorge Gabela Bueno, al disponer que no se notifique la adjudicaicón resuelta, destituir a la Comisión Técnica de Análisis de Ofertas y designar una nueva comisión.
También se requiere al Contralor del Estado realice un examen de auditoría especial al proceso precontractual y contractual de la adjudicación de 7 helicópteros Dhruv fabricados en la India por Hindustan Aeronautics Limited.
En el análisis de los argumentos planteados por el proponente se menciona que no determinó con exactitud las funciones específicas que el encausado ha incumplido, debido a lo cual no justificó la principal causal de enjuiciamiento político establecida por la Constitución.
Por este y otros motivos, la Comisión de Fiscalización consideró que las acciones descritas por el asambleísta Fausto Cobo corresponden a la esfera de competencia de la Contraloría del Estado, la cual deberá pronunciarse a fin de asignar o no las respectivas responsabilidades a que hubiere lugar. “Mal haría esta comisión y Función del Estado, en anticipar un criterio sobre acciones o hechos eminentemente administrativos y no políticos...”, señala el informe.
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