La titular de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Silvia Salgado Andrade, entregó al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, el informe sobre la investigación del caso Cofiec-Duzac, misma que se fundamentó en lo solicitado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y el punto de partida fue realizar una serie de investigaciones de control público que tuvo su inició el 3 de octubre del 2012 con la comparecencia del Superintendente de Bancos y Seguros, Pedro Solines.
Indicó que al momento la Fiscalía ya inició un proceso de investigación a fin de establecer cómplices y encubridores, pues la Comisión de Fiscalización tiene limitaciones establecidas en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa en cuanto a definir responsables de este caso, así como los posibles delitos.
Resaltó que una vez conocida la versión del Superintendente de Bancos, Pedro Solines, la Comisión de Fiscalización solicitó al Fiscal General de la Nación disponga medidas cautelares, a fin de evitar la salida de ciertas personas relacionadas con el hecho que se investiga.
En el informe se recomienda que los organismos de control continúen con la investigación que permita establecer cómplices y encubridores en el caso Cofiec-Duzac; y, que los resultados sean puestos en conocimiento de la Asamblea Nacional.
Silvia Salgado puso en manos del titular de la Legislatura 3 carpetas con toda la información del pedido de comparecencias, 611 anexos, un DVD que compendia todo el trabajo de la Comisión, 31 hojas del informe donde constan conclusiones y recomendaciones respecto del caso, del manejo político y del manejo mediático.
La presidenta de la Comisión, señaló que debido a que la prensa sigue en una conducta de no verificar la información, dentro de las recomendaciones sobre el manejo político y mediático, la Comisión solicita al Defensor del Pueblo que en el ámbito de sus competencias, investigue y precautele los derechos de los ciudadanos a recibir información veraz, verificada, contextualizada, oportuna, plural, sin censura previa, conforme lo establece el artículo 18 de la Constitución.
Entre otros aspectos, en el documento se establece que la Fiscalía General del Estado, en aplicación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción que facilita la investigación conjunta entre los países, coordine con sus pares de la República Argentina, acciones de cooperación que fueren necesarias para las investigaciones que permitan establecer cómplices y encubridores y sanciones a los beneficiarios y responsables del crédito otorgado por COFIEC al ciudadano argentino Gastón Duzac y su relación con la empresa argentina Scanbuy INC, beneficiaria a través de la transferencia del crédito y continúe con sus investigaciones penales en el ámbito nacional, con los aportes complementarios presentados por el organismo legislativo.
Además, se determina que la Superintendencia de Bancos efectúe un examen específico complementario en torno al crédito otorgado al señor Gastón Duzac, en Rocafuerte Seguros S.A. y la Superintendencia de Compañías en Agrícola Mercedes e Induequipos, coordinadamente con la Contraloría General del Estado, de tal manera que la verdad prevalezca, con los aportes complementarios presentados por la Comisión Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional.
Así mismo, que la Superintendencia de Bancos efectúe una auditoría informática para determinar qué funcionarios y exfuncionarios públicos o privados, de manera reiterada, han obtenido información acerca de correos electrónicos y demás información de los funcionarios y de las computadoras de COFIEC S.A., hasta las fechas en que éstas fueron difundidas por algunos medios de comunicación colectiva. También exhorta a la Fiscalía General del Estado a que efectúe las investigaciones que fueren del caso para determinar quienes proporcionaron la información que estaban sujetas a sigilo y reserva bancaria, fuera de los mecanismos legales y reglamentarios establecidos; acerca de la operación de crédito que el Banco COFIEC S.A. otorgó a Gastón Duzac por USD$800.000, con el propósito de sancionar esas conductas que pueden constituir violación de derechos en el ámbito constitucional y legal.
Se dispone que sobre la base de lo resuelto por la Comisión de Fiscalización y Control Político y el Pleno de la Asamblea Nacional en enero de 2010 y considerando que COFIEC S.A., Rocafuerte Seguros, Agrícola Mercedes, y otras entidades referidas en este caso, son instituciones que actualmente forman parte de los resultados negativos de la crisis bancaria y financiera que azotó el país a finales de la década de los años 90 y principios del 2000, presenten a la Asamblea Nacional en el ámbito de sus competencias los informes requeridos para lo cual se estableció un plazo de seis meses.
Finalmente, Silvia Salgado dijo que si bien los resultados de la investigación son entregados al Consejo de Administración Legislativa, se recomienda que el informe sea puesto a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.
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