Este miércoles, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Silvia Salgado Andrade, con la presencia del asambleísta Juan Carlos López, dentro del juicio político planteado en contra del ex ministro de Electricidad y Energía Renovable, Esteban Albornoz, realizó una inspección al funcionamiento de la central hidroeléctrica “San Francisco”, ubicada en la provincia de Tungurahua.
Dicha diligencia se desarrolló con la presencia del actual secretario de dicha cartera, Miguel Calahorrano, quien explicó que para cumplir con el requerimiento de los interpelantes (Andrés Páez, Luis Morales y Juan Carlos López) de inspeccionar el estado de las turbinas y de los túneles, se requeriría una para de operaciones, por un lapso mínimo de cuatro horas, por consiguiente, dadas las circunstancias que atraviesa el país, por la emergencia eléctrica producto del prolongado estiaje, esto no era posible.
Indicó que, al momento, la central trabaja en una cuarta parte (55MW) de su capacidad instalada (260MW), por efecto de la sequía que azota al país.
Correcta evaluación de pérdidas
De su lado, el presidente del directorio de Hidropastaza, Ciro Morán, subrayó que al evaluar las pérdidas de la central “San Francisco” se deben considerar algunos elementos, que no solo implican los costos de las reparaciones que se deben realizar, sino el lucro cesante y otros rubros.
“Nosotros nos acogemos a los resultados de la auditoría internacional realizada a la central; los 200 millones son solo la cuantía que se reclama en el arbitraje”, agregó.
Morán aseguró que los trabajos que se realizan en esta central, en cada una de las paras técnicas, incluyen la solución de los problemas determinados en la auditoría internacional, a fin de resolver en forma definitiva esos inconvenientes y que se pueda alcanzar la máxima capacidad de generación que tiene este importante proyecto.
Pérdidas superan los 1 000 millones
Entre tanto, el interpelante Juan Carlos López aseveró que la preocupación de quienes solicitan el juicio político contra el ex ministro, Esteban Albornoz, radica en que las pérdidas del país por la imprevisión frente al estiaje superan los 1 000 millones de dólares, tanto el sector público, cuanto en el privado, recursos con los cuales se habría podido invertir en nuevos proyectos de generación hidroeléctrica, puesto que en momentos de desesperación la compra de termoeléctricas puede ser mucho más costosa.
Recordó que la central “San Francisco” adolece de 34 fallas geológicas, provocadas por la utilización de medios inadecuados para la construcción de los túneles, pues solo la reparación de dichas fallas costaría 200 millones de dólares.
Detalló, además, que del informe de la auditoría internacional se determina que hubo negligencia de las personas que recibieron la obra, así como errores en los procesos de fiscalización de la misma.
Es por eso, dijo, que nos interesa conocer qué es lo que realmente ha pasado con esta y las demás centrales del país y saber qué medidas se tomaron para superar estos problemas y garantizar a la ciudadanía la recuperación de la normalidad en sus actividades, sin las restricciones provenientes de los racionamientos.
Hacer de la crisis una oportunidad
La titular de la Comisión de Fiscalización, Silvia Salgado, tras agradecer la presencia del ministro de Electricidad, Miguel Calahorrano, en esta diligencia, enfatizó que más allá de la sustanciación del juicio político contra Esteban Albornoz, está la gran tarea de transparentar la gestión pública.
“Hemos venido para conocer de cerca las consecuencias del estiaje y acercar hacia la gente el trabajo de los funcionarios públicos; aspiro que esta crisis se convierta en una oportunidad para implementar los correctivos que sean necesarios para solucionar el problema energético, priorizando la inversión hacia nuevos proyectos que garanticen una generación hidroeléctrica que perdure en el tiempo y que no esté sujeto a las condiciones climáticas”, añadió.
Anticipó que el organismo legislativo que representa, al margen el juicio político, realizará un seguimiento de la reclamación que realiza el Estado a la empresa Odebrecht, así como de las acciones tendentes a mejorar la generación energética en el país.
EG
