Luego de un profundo análisis de las pruebas de cargo y descargo presentadas por las partes, con seis votos contra uno, la Comisión de Fiscalización y Control Político archivó la solicitud de juicio político a la Superintendenta de bancos, Gloria Sabando, pues consideró que no existen indicios de delito de peculado, según indicó la presidenta del organismo, Silvia Salgado.
La comisión recomienda al Pleno de la Asamblea nombre una comisión especial que tenga como responsabilidad presentar un informe en el que analice y elabore, de manera urgente, un proyecto de reformas al régimen especial de contratación pública. “Todos conocemos que se ha convocado a una serie de concursos especiales directos en algunas áreas, dijo Silvia Salgado, al señalar que una de ellas es la relacionada con los Seguros, por lo que es necesario buscar los mecanismos legales que eliminen toda forma que genere prácticas monopólicas y desleales al mercado.
Constatamos que las Leyes de Seguros y de Contratación Pública vigente y el resto de normas legales que se inscriben aún en el libre mercado, permiten pactar precios acordados entre las partes, razón por la cual la Superintendenta tiene, como limite en sus competencias, el control del mercado.
Destacó la condición dual que tiene la empresa de Seguros Sucre, que siendo una compañía de origen privado, el Estado tiene el 99.6% del paquete accionario, por ello cuando le conviene será privada y en otros será pública. Recordó que la contratación pública se ha topado con trabas y normas que posibilitan la contratación directa y por tanto abusos, por lo que es importante definir claramente los controles que deben darse en el manejo de la cosa pública, a fin de precautelar los intereses del Estado y del pueblo ecuatoriano.
Informó que la comisión resolvió, también, requerir al Contralor General del Estado que, en término de 90 días, disponga la entrega de los resultados del examen especial de auditoría a todos los contratos de seguros suscritos entre entidades del Estado y la Compañía de Seguros Sucre, puesto que si tiene el 99.6% de acciones públicas, debe estar sujeta a los mecanismos de control de la Contraloría como organismo técnico. Es necesario auditar no solo los contratos de los seguros, sino también de los reaseguros, porque nos permitirá conocer la lógica de este libre mercado que impone inclusive una competencia desleal.
Sobre estos fundamentos, afirmó que de conformidad con lo que dispone el artículo 315 de de la Constitución, la Compañía de Seguros Sucre S.A, es una empresa pública que desarrolla la actividad económica de seguros y cuyo capital está integrado mayoritariamente con recursos del Estado y, en tal virtud, la empresa, al igual que sus funcionarios, está sometida a todos los controles y mecanismos de regulación previstos en la Carta Política y en las demás leyes conexas.
Además, solicitó al Fiscal General de la Nación que entregue a la Comisión de Fiscalización la información sobre la situación de la Compañía de Seguros Sucre, pues si existe esa presunción de peculado, es urgente recabar esta información.
Esta acción de fiscalización ha permitido develar una serie de circunstancias que obligan a tomar los correctivos en los diferentes campos, dijo Silvia Salgado, al precisar que hoy se entiende por qué se dio el feriado bancario, cuando una ley simplemente está hecha para la banca privada y para el sistema de seguros privados y no para garantizar los intereses nacionales. Entonces habrá que clarificar qué papel hace o juega una Superintendenta en nombre del Estado y del pueblo ecuatoriano, concluyó.
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