La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta Silvia Salgado Andrade, inició este miércoles la recepción de pruebas testimoniales solicitadas por el asambleísta Jorge Escala, del Movimiento Popular Democrático, en la sustanciación de la solicitud de juicio político propuesto en contra de la ministra de Educación, Gloria Vidal, por incumplimiento de funciones.
En torno a la acusación en el sentido que habría una precarización laboral respecto de los maestros contratados, Laura Vargas Torres, quien lleva varios años de servicio bajo la modalidad de contrato, subrayó que sí existe precarización, por cuanto el salario que perciben es 51% menor a quienes trabajan con nombramiento, con igual carga de trabajo, inclusive en el caso de profesionales que cuenta con título de tercer nivel.
Indicó que, al momento, pese a que muchos profesores que pasaron el concurso de oposición para acceder a una plaza definitiva de nombramiento y han sido calificados como elegibles, las autoridades no han emitido los correspondientes nombramientos, tampoco se les ha renovado los contratos y se encuentran impagos desde el mes de agosto, con lo cual se les ha vulnerado sus derechos porque han perdido la continuidad de sus aportes a la seguridad social, por tanto, ni siquiera pueden acceder a los servicios de salud del IESS, ni contar con las demás prestaciones que ofrece la entidad.
Añadió que se consideran un grupo vulnerable y discriminado, porque a pesar de los exhortos emitidos por la Asamblea no se les ha solucionado la situación contractual ni se han puesto al día en el pago de haberes. Añadió que se les hizo firmar un contrato a inicios de 2011 hasta que se apruebe la Ley de Educación Intercultural, luego otro hasta el 31 de julio y, hasta esta fecha, no se ha suscrito el nuevo contrato.
De su lado, Moisés Logroño, director del Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador, confirmó que, con base en los resultados del censo 2010, el índice de analfabetismo en el país está en el 6,8%, lo que significa que en 10 años ha bajado en apenas el 1%, lo cual demuestra que se ha incumplido la política 4 del Plan Decenal de Educación, orientado a erradicar el analfabetismo.
Aseguró que la tasa más alta de analfabetismo se registra en los sectores más pobres de la población, al subrayar que de los seis millones de habitantes en edad de ocho a 15 años, el 24% está al margen de la educación.
Consideró que esta realidad es atribuible a la falta de una política nacional para erradicar el analfabetismo, más si se considera que la responsabilidad de las campañas de alfabetización se ha dejado a estudiantes del último año de bachillerato, sin que tengan la preparación y las destrezas adecuadas para que puedan transmitir el conocimiento.
El organismo continuará mañana con la recepción de testimonios sobre la presunta arrogación de funciones; el incumplimiento de sentencias ejecutoriadas que le obligan a efectuar el pago completo del estímulo a la jubilación de exdocentes de varias provincias, la aplicación de sumarios administrativos ilegales; el supuesto atentado al derecho y libertad de organización, entre otras acusaciones.
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