La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por María Paula Romo, organizó hoy una videoconferencia - enlace con la Universidad de Arizona, donde el relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades, James Anaya, expuso sus puntos de vista respecto al proyecto de Ley de Coordinación y Cooperación entre las Justicias Indígena y Ordinaria.
Guiar la discusión
La asambleísta Romo recordó que desde hace varios meses se tramita un proyecto de Ley de Coordinación y Cooperación entre la Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria, cuya propuesta original corresponde a la legisladora Lourdes Tibán.
Precisó que la iniciativa ha recibido observaciones de los más diversos tipos. Incluso, los jueces que están en funciones se mantienen en sus tesis que la administración de justicia indígena es inconstitucional.
Esto refleja todas las dificultades de conocimiento y prejuicios a los que vamos a tener que enfrentarnos para tratar este tema, dijo, al enfatizar que desde la Asamblea se pretende abrir el mayor espacio para un profundo análisis, respetando siempre las normas constitucionales, el Convenio 196 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el respectivo mandato de la Carta Política.
Sostuvo que por las características de la ley, requerirá de una consulta prelegislativa. Esperamos presentar las reformas a la Ley Orgánica a Función Legislativa, para establecer dicha figura, que se aplica luego del primer debate, añadió.
Puntualizó que la materia, bastante compleja, ha sido tratada con especialista, tomando en cuenta que los ojos del mundo están puestos en Ecuador, ya que es uno de los primeros países en legislar este tema, luego que entrara en vigencia la Ley de Deslinde Jurisdiccional, en Bolivia.
María Paula Romo sostuvo que el mensaje del Relator de la ONU contribuirá, sin lugar a dudas, a guiar la discusión de la temática.
Evitar confrontaciones
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, tras felicitar la gestión de la Comisión de Justicia y el apoyo de las Naciones Unidas, dijo que esta ley debe concretarse en el menor tiempo posible, porque no podemos seguir en estas discusiones y confrontaciones que a más de ser inútiles son efectivamente violatorias del debido proceso, de los derechos constitucionales.
No podemos en este caso, a juicio de los fiscales o de los jueces, escoger el sistema que nos va a regir, sino sujetarnos a las normas constitucionales y a las leyes pertinentes, dijo.
Agregó que es importante la opinión del señor Anaya, pues el Ecuador ve con beneplácito que los organismos internacionales vigilen nuestros actos, porque nos creemos un país respetuoso de derechos. Consideramos que los derechos que están en la Constitución son exigibles y de ser el caso judicializables, subrayó.
Mientras más pronto podamos tener esta ley, más pronto evitaremos que se cometan violaciones en nombre de la ley o de la Constitución, concluyó.
MG/pv
