En el marco del proceso de construcción colectiva del proyecto de reformas penales para enfrentar a la delincuencia, la Comisión de Justicia recibió a los Ministros de Gobierno (e), Franco Sánchez; de Justicia, Néstor Arbito; la Secretaria Nacional del Migrante, Lorena Escudero y a miembros de la cúpula policial.La presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, María Paula Romo, destacó la necesidad de conocer, a través de estadísticas claras, la incidencia de la población inmigrante en la actividad delincuencial, a fin de evitar, a tiempo, que la comunidad ecuatoriana promueva conceptos xenofóbicos y de odio contra la gente que ingresa a territorio nacional.
El asambleísta Andrés Páez, tras comentar que el tema del refugiado ha terminado siendo una “verdadera alcahuetería” en el país, más aún cuando tales documentos se han entregado incluso a antisociales, precisó que nuestra legislación sobre la materia debe responder a la legislación internacional.
Planteó que cuando a un ciudadano extranjero se le sorprenda en el cometimiento de un delito flagrante se le retire inmediatamente el carné de refugiado, ordene su deportación y que se le prohíba ingresar nuevamente a nuestro territorio, pues jueces y fiscales pícaros e inescrupulosos se encargarían de ponerlos en libertad, sin considerar, en lo más mínimo, el esfuerzo policial para detenerlos.
Datos
El ministro de Gobierno, encargado, Franco Sánchez, explicó que hay 16 000 detenidos en este año, de los cuales el 4% son extranjeros (649). Si hablamos de una incidencia de extranjeros en el delito no supera el 5%, explicó.
De los 649 el 70% son colombianos, agregó, al enfatizar que 130 mil ciudadanos han pedido ser acogidos como refugiados, en estado de vulnerabilidad, de los cuales 20 000 han sido registrados en el último año, pero que la condición del principio internacional de refugiado no significa impunidad.
Nos llama la atención que existan refugiados que tengan 17, 37 y hasta 57 detenciones, pero que no sean juzgados y debidamente sancionadas por los jueces competentes, manifestó, al advertir que si bien existe una disminución en el número de denuncias, ha aumentado el nivel de violencia con que se cometen los delitos.
También, expresó su preocupación por la presencia de nuevas modalidades de delitos como el secuestro express, el sicariato, sacapintas, que han tenido realidades similares en Colombia, Perú, El Salvador y Nicaragua.
Propuestas urgentes
El ministro de Justicia, Nestor Arbito, al manifestar que la lucha contra la delincuencia o la inseguridad debe ser integral, propuso medidas como el control y registro migratorio para todos, superar la incapacidad del sistema de justicia para resolver y dictar sentencias, garantizando el debido proceso; eliminar la apelación de llamamiento a juicio y mantener la apelación de sentencia, bajo el principio de segundo conforme.
Se mostró partidario de establecer severas sanciones a autoridades de la fiscalía, de la administración de justicia o del sistema de rehabilitación que no cumplan o dilaten las audiencias de juzgamiento; aumentar las penas para contravenciones como una vía más rápida de resolución para delitos menores, bajo el criterio de proporcionalidad; y, exigir al Consejo de la Judicatura que haga valer y aplique el sistema disciplinario contra los jueces corruptos.
Mayor control migratorio
A su vez, los oficiales Floresmilo Ruiz, jefe de Estado Mayor de la Policía; Rafael Yépez, director de la Policía Judicial; y, Edwin Báez, director Nacional de Migración, presentaron cuadros estadísticos sobre el ingreso y salida de personas del Ecuador. Así, en el período 2007 a noviembre 2009 ingresaron 531 463 colombianos, de los cuales han retornado 482 471 y en el limbo quedan 43 263. Ingresaron 125 807 peruanos y retornaron 116 315 y de los 9 492 se desconoce su situación.
Añadió que al país llegaron 38 208 cubanos, retornaron 33 174, por lo que se presume que 5 034 restantes permanecen en el Ecuador.
Ruiz admitió que los flujos migratorios no están bien controlados, pues hace falta tecnología, así como mayor enlace entre la Policía y el Ministerio de Relaciones Exteriores, para manejar cifras exactas de refugiados, tomando en cuenta que de los 15 423 ciudadanos colombianos que poseen dicha condición, gran cantidad tienen pasado judicial relativo a narcotráfico, tenencia y posesión de armas de fuego, robo, falsificación de firmas, entre otros delitos.
Entre tanto, el coronel Rafael Yépez sugirió determinar un control exhaustivo de los documentos presentados por presuntos turistas colombianos, considerando que muchos de ellos han sido identificados con bandas del crimen organizado, que comenten fechorías en Ecuador y retornan luego a su país. Lo más grave es que secuestran a un ecuatoriano y con facilidad lo levan a la frontera norte, alertó.
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