Con 7 votos a favor y 3 en contra, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP), que fue construido y socializado durante dos años.
A favor del informe se pronunciaron Mauro Andino, Marcela Aguiñaga, Fabián Solano, Gabriel Rivera, Mariangel Muñoz, Gilberto Gumangate y María del Carmen Almán, alterna de Nicolás Issa. Mientras, Luis Fernando Torres, Miguel Ángel Moreta y Magaly Orellana votaron en contra.
El legislador Mauro Andino recordó que la normativa responde a un mandato del pueblo ecuatoriano para cumplir el imperativo de justicia y certidumbre, al mencionar que en el Ecuador desde la época Republicana se han promulgado cinco códigos penales (1837, 1872, 1889, 1906, 1938).
El código actual, continuó, aunque antiguo, incompleto, disperso y retocado ha sido permanentemente remendado, más aún cuando la codificación de 1971 soportó en casi 40 años – desde octubre 1971 hasta la producida en mayo de 2010- 46 reformas, a lo que se suman más de 200 normas penales que se encuentran dispersas en diferentes normativas, lo que genera impunidad, confusión e incertidumbre.
Dijo que nuestro país en materia de procedimiento penal ha tenido más de cinco leyes; el Código de Procedimiento Penal vigente desde al año 2000 introdujo un cambio fundamental en relación al de 1983, el sistema acusatorio, es decir pasamos del sistema inquisitivo al acusatorio. Sin embargo, no fue de fácil aplicación y sufrió múltiples modificaciones, en total se ha reformado 14 veces. En tanto, el Código de Ejecución de Penas se publicó, por primera vez, en 1982 y se lo ha reformado en 10 ocasiones, agregó.
Explicó también que las normas penales vigentes de ejecución, elaboradas sin considerar las normas sustantivas y procesales, no son inaplicables por su inconsistencia, ya que técnicamente no se puede rehabilitar a una persona que nunca ha sido habilitada, ni reinsertar en una sociedad que tampoco es ideal para dicha reinserción. Además, el sistema funciona solo si cuenta con la voluntad de las personas condenadas, lo que, en definitiva, ha traído como consecuencia espacios propicios para la violencia y la corrupción.
Resaltó que, en cumplimiento de la disposición del Art. 424 de la Constitución, se ha tratado de adecuar el derecho penal con todos sus componentes: sustantivo, adjetivo y ejecutivo al nuevo estándar constitucional, actualizando, además, la doctrina de la legislación penal conforme a los compromisos internaciones, de los cuales el Ecuador es signatario.
Mauro Andino anunció que el Código Penal, de ser aprobado, entrará a regir 90 días después de su publicación en el Registro Oficial, porque es necesario que el Consejo de la Judicatura adecue varias disposiciones y normas que se crean en la normativa, a fin que la Fiscalía, los operadores de justicia, abogados, académicos y ciudadanos ejerzan el derecho.
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