En la sesión de este miércoles, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado definió un cronograma de trabajo para el análisis y aprobación del informe para segundo debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP). Así, decidió trabajar los días lunes, miércoles y viernes en la propuesta.
La metodología comprenderá el estudio de los tres libros, en primera instancia, receptando criterios, aportes y observaciones, para luego iniciar la aprobación del respectivo articulado, según anunció el presidente del organismo legislativo, Mauro Andino.
Código revolucionario
El asambleísta Luis Fernando Torres reconoció que el Código es revolucionario frente a la legislación penal que ha tenido el país, tras expresar la necesidad de profundizar la discusión sobre la incorporación de algunos nuevos delitos como el pánico económico y el pánico financiero, en los cuales podrán ser encausados no solamente organizaciones sino cualquier tipo de persona; también merece atención la sanción que se impondría en el caso de delitos e infracciones contra la naturaleza.
Consideró que los cambios al tema del aborto no son mayores como se decía y la imputabilidad y sanciones a las personas jurídicas -ya no solamente a sus representantes y accionistas- hay que ver que tales tipificaciones, eventualmente, no se presten a decisiones arbitrarias de los jueces, al tiempo de enfatizar que ésta sería la ley más importante que apruebe la Asamblea en este primer año.
Comentarios del Consejo Consultivo de la Niñez
La Comisión de Justicia recibió a integrantes del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, así como a la asambleísta Marisol Peñafiel, presidenta del Grupo Parlamentario por la Defensa de los Derechos de la Niñez.
Marisol Peñafiel y Joffre Vélez, extitular del Consejo Consultivo, coincidieron en la propuesta que se mantenga en 18 años la imputabilidad de los adolescentes en conflicto con la ley, que se fortalezca el sistema de rehabilitación a favor de los jóvenes, se penalice y sancione como delito a las personas adultas que usan a menores para cometer delitos.
La inimputabilidad no es lo mismo que impunidad, por tanto, los adolescentes que estén en conflicto con la ley tienen que ser sancionados y asumir su responsabilidad, pero bajo un sistema de justicia especializada, acorde al mandato constitucional y los preceptos internacionales, puntualizaron.
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