La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió, este jueves, a dirigentes de los trabajadores de la Cervecería Nacional (CN), quienes llevan 63 días en actitud de resistencia, en rechazo al fallo de la Corte Constitucional que obliga a dicha empresa al pago de 90 millones de dólares, a favor de exobreros, por concepto de utilidades no canceladas.
Gonzalo Balladares, procurador de los trabajadores de la Cervecería Nacional, denunció que existirían supuestos financistas detrás de la campaña que realizan los extrabajadores para incidir en la opinión pública, más aún cuando han sacado publicaciones en medios impresos, por un valor de 160 mil dólares.
Además, indicó que habría un grupo de jueces, abogados y gente corrupta dedicados a la ingrata tarea de auspiciar sentencias en contra de varias compañías, con el propósito de repartirse los dineros que de ello resultaren, hecho que pondría en riesgo la seguridad jurídica del Ecuador y, lo que es más, la estabilidad de la clase obrera.
Balladares, en compañía de Pedro Sotomayor y Fernanda Gómez, trabajadores de la CN, aseguró que el 24 de marzo y luego el 8 de abril, oficiaron al fiscal General de la Nación, Washington Pesántez, inicie una investigación sobre la presencia de probables financistas en el presente caso, pero no han obtenido respuesta alguna, por lo que exhortaron a que la Comisión de Justicia interponga sus buenos oficios.
La asambleísta María Paula Romo, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, recordó que no se puede interferir en un proceso judicial en marcha, por tanto no está en sus manos generar falsas expectativas.
Igualmente, aclaró que la Corte Constitucional no es sujeto de juicio político, sin embargo, no descartó la posibilidad de requerir a la Fiscalía una información respecto del pedido de los trabajadores de la Cervecería Nacional.
Para Andrés Páez, vocal del organismo parlamentario, llaman la atención los ingentes gastos en remitidos de prensa y que se hagan reclamaciones por utilidades desde el año 1990, pues éstas prescriben a los tres años.
Propuso retomar el tratamiento de reformas al Código de la Función Judicial para clarificar cuál es la consecuencia de la vía constitucional, pues no puede un juez de la Niñez y Adolescencia ordenar el pago de 98 millones de utilidades o un juez de Tránsito liquidar indemnizaciones por despido intempestivo.
Observaciones de legisladores
De su parte, César Gracia subrayó que todo el proceso respecto de la empresa cervercera está contaminado, puesto que la Corte Constitucional emitió un primer dictamen, mismo que fuera acusado de corrupción y, al poco tiempo, lo dejó sin efecto.
Es fundamental legislar frente a la cantidad de demandas que pueden, a futuro, proponerse en contra compañías privadas, personas particulares y entidades públicas, lo que afectaría al erario nacional, concluyó.
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