Comisión de Justicia estudia reformas a Ley de la Contraloría

Miércoles, 11 de enero del 2012 - 18:26 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Con la presencia del contralor General del Estado, Carlos Pólit, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado intensificó el estudio de los proyectos de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría, de iniciativas del Presidente de la República y del legislador Vethowen Chica.

El doctor Pólit sostuvo que la segunda propuesta no tiene sentido, más aún cuando en nada aporta, innova, complementa o aclara el funcionamiento de la norma vigente, por lo que sugirió el archivo de la misma.

Manifestó que el planteamiento referente a la desconcentración de la gestión se halla establecido en la Constitución y el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE).

En cuanto al ámbito de aplicación de la ley, explicó que la reforma significaría que las disposiciones de la LOCGE se apliquen en forma restrictiva, solamente en la “sede” de la institución del sector público de que se trate y no en las dependencias que estén fuera de la sede.

Igualmente, expresó que el artículo 86 de la Ley de la Contraloría, en concordancia con el artículo 233 de la Constitución, determina que las autoridades, funcionarios y servidores de la entidad, que en ejercicio indebido de sus facultades de control y de determinación de responsabilidades, causen daños y perjuicios al interés público o a terceros, serán civil y penalmente responsables, por lo que no es necesario que exista una disposición legal específica y reiterativa destinada exclusivamente al personal auditor.

Comentó que la materia de sanción por faltas administrativas fue reformada el 9 de agosto de 2009 por la propia Asamblea, al argumentar que la responsabilidad administrativa que impone la Contraloría tiene relación con el manejo de recursos públicos y no con aspectos disciplinarios propios de cada entidad, previstos en la Losep, por tanto, no cabe que se tramiten sumarios administrativos.
También, advirtió que la redacción del artículo 18 implicaría que las facultades de la Contraloría son imprescriptibles, lo que vulneraría básicamente el principio constitucional de seguridad jurídica.

Carlos Pólit admitió que la Función de Transparencia, resultado del mandato constitucional, no ha podido desarrollar, a cabalidad, su actividad por falta de la pertinente ley.

Finalmente, anunció que ha definido con el Fiscal General una estrategia de cruce de información sobre la investigación de indicios de responsabilidad, a fin de darles un seguimiento constante, al indicar que tiene previsto implementar un plan integral contra la corrupción.

MG/pv

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