Esta mañana, el asambleísta Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, puso en consideración y explicó a los miembros del organismo el contenido y alcances del informe borrador, para segundo debate, del proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Comentó que el tema, de manera íntegra, ha sido discutido ampliamente por cerca de dos años, al enfatizar que han registrado aproximadamente 50 comisiones generales y receptado más de 200 observaciones de parte de la Academia, organizaciones sociales, colectivos ciudadanos, entre otros.
La construcción del texto se ha sometido, en todo instante, a las normas constitucionales y los instrumentos internacionales, dijo, al puntualizar que el Código tiene como finalidad normar la intervención estatal para proteger la convivencia social frente a las infracciones penales, evitar la impunidad y regular el ejercicio del poder punitivo del Estado.
Libro Preliminar
Indicó que el Libro Preliminar actúa como un sistema de principios básicos, pero indispensables, que orientan y condicionan el desempeño de los operadores de justicia para realizar la adecuación típica de una conducta prohibida por la norma penal, el establecimiento de responsabilidades y la imposición de sanciones en el uso legítimo y racional del poder punitivo.
Libro Primero
Comentó que se ha conciliado la concepción humanista con la eficiencia, pensando en los derechos de cada uno de los sujetos contrapuestos: procesado y víctima. Se ha tipificado la mala práctica profesional, el terrorismo y delincuencia organizada, el femicidio, la violencia intrafamiliar, la trata de personas, la responsabilidad de las personas jurídicas, el plago y el aborto, etc.
Hemos definido también que el consumo de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización constituye un problema de salud pública, sin embargo, la producción y tráfico son delitos de suma gravedad, lo que, atendiendo la inquietud del CONSEP, se decidió que la normativa de salud establezca las dosis máximas para el consumo y anexar a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas un cuadro de valores para distinguir la producción y tráfico de mínima, mediana, alta y gran escala, agregó.
Libro Segundo
Contempla la adopción real de la oralidad en todas las fases del proceso, como el medio idóneo para poner en marcha los principios rectores del sistema acusatorio, que debe estar presidido por la idea del debate, controversia, de contradicción, de lucha de contrarios, con el objetivo de reducir los tiempos y garantizar la inmediación de los juzgadores en el proceso, sostuvo.
Libro Tercero
Andino manifestó que el Libro III del proyecto de Código Penal determina condiciones que contribuyan a desarrollar las capacidades de las personas a las que se les ha impuesto una sanción penal, de modo que puedan ejercer sus derechos, cumplir sus responsabilidades, alcanzar su inclusión social y gozar de respeto a su dignidad humana. Se destaca que la principal competencia de los jueces de garantías penitenciarias es ser garante de los derechos de personas privadas de libertad.
La salud, educación, cultura, deporte, el aspecto laboral, los vínculos familiares, la reinserción e inclusión, constituyen los pilares fundamentales del nuevo sistema de ejecución penal relativo a la rehabilitación social, precisó.
Jóvenes infractores
Tomando en cuenta el mandato de la Constitución, la Comisión de Justicia ratifica la necesidad de excluir a los adolescentes en conflicto con la ley penal, por considerar que este grupo generacional debe gozar de una justicia especializada.
Sin embargo, se propone el internamiento de 2 a 4 años para personas de 12 a 14 años de edad; internamiento de 5 a 7 años a los jóvenes de 14 a 16 años de edad; y, el internamiento de 8 a 10 años para personas de 16 hasta antes de los 18 años, para delitos graves como asesinato, violación, sicariato, etc, así como medidas socioeducativas efectivas, concluyó Mauro Andino.
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