En la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, la ministra Coordinadora de Patrimonio, María Fernanda Espinosa; y, la viceministra de Justicia, Lorena Naranjo, destacaron la importancia del proyecto de Código Orgánico Integral Penal.Lorena Naranjo señaló que el proyecto trata de articular en un solo cuerpo los códigos Penal y de Procedimiento Penal, así como la Ley de Ejecución de Penas, mismos que han estado aislados y dispersos, que han sido incoherentes y contradictorios, a fin de lograr que todo el sistema funcione armónicamente.
Reiteró que la propuesta mantiene un equilibrio, considerando que si las garantías se extreman, se crearía un sistema que nunca se sanciona; si las garantías se flexibilizan, se acabaría condenando al inocente.
Comentó que la estructura penal tiene que llegar al término medio, para evitar que en la sociedad se toleren injusticias y procurar que exista algo parecido a la paz social en el combate a la delincuencia.
“Los adolescentes en conflicto con la ley penal necesitan que las medidas socioeducativas y el sistema de desarrollo integral se encuentre desarrollado a nivel legal. Actualmente, las normas que existen en el Código de la Niñez y Adolescencia son muy escuetas y contradictorias, por tanto, urge implementar todo un sistema”, enfatizó.
Este proyecto, continuó, es el reflejo de las necesidades de un país que quiere combatir la impunidad y garantizar los derechos de las personas, en cumplimiento de los tratados internaciones, las sentencias tanto de la Corte Europea cuanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al tiempo de subrayar que el mayor objetivo es alcanzar agilidad, oralidad y cero papeles.
Desafío
Entre tanto, María Fernando Espinosa manifestó que la Constitución es garantista de derechos individuales y colectivos, donde se establece, también, que es el Estado el que tiene la responsabilidad final de tutela, de conservación y, en muchos casos, de custodia del patrimonio cultural y natural.
Uno de los temas más revolucionarios y de vanguardia es el de reconocerle derechos a la naturaleza, es decir, ya no más ella como objeto de derechos, sino como sujeto de derechos.
El desafío histórico está en incorporar en el Código Penal una tipificación y las correspondientes sanciones para los delitos contra la naturaleza y el patrimonio cultural, agregó.
MG
