Comisión de Justicia ratifica compromiso de sacar una buena Legislacion Penal para uniformados

Miércoles, 30 de septiembre del 2009 - 00:38 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, María Paula Romo, destacó que los asambleístas trabajan en la implementación de una legislación penal moderna, que garantice el cumplimiento cabal de las funciones de policías y militares y, lo que es más, proteja a la ciudadanía frente a posibles excesos.
Estas declaraciones las formuló durante las reuniones que el organismo mantuvo con representantes de la Policía Nacional y del Colectivo Ciudadano de Defensa de la Unidad Jurisdiccional.

La asambleísta precisó que la Comisión, dentro del proceso de socialización, continuará receptando criterios y abriendo mayores espacios de debate en torno al proyecto de Ley Reformatoria a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, para la tipificación y juzgamiento de los delitos cometidos en el servicio Militar y Policial, al indicar que la Fiscalía General del Estado ha hecho llegar varios comentarios al respecto.

Subrayó que el documento saldrá de manera consensuada sobre la base de los principios constitucionales y los convenios internacionales.

Profesionalización

La ley tiene que facilitar el desenvolvimiento profesional, sostuvo el teniente coronel Fabián Salas, al presentar un documento de observaciones respecto del tema, suscrito por el Comandante de la Policía Nacional, Freddy Martínez Pico.

Dijo que la institución considera que el Código Penal de la Policía debe ser objeto de reforma a través del principio de Unidad Jurisdiccional dentro del mandato constitucional y conforme a la Disposición Transitoria Primera, numeral 10, buscando en todo momento su actualización a la realidad y brindando una seguridad jurídica que permita a quienes están sometidos a él, a ser juzgados por actos que verdaderamente ameriten adecuar a conductas típicas.

Mencionó que en ejercicio de las funciones policiales el personal se enfrenta a innumerables hechos, situaciones de riesgo, que de una u otra manera conllevan a la observación de su conducta por el régimen disciplinario o penal institucional. Sin embargo, otras acciones son objeto de retaliación, amenazas y en forma general a situaciones que inhiben la actuación policial o la condicionan, esto debido a la evidencia objetiva de denuncias maliciosas o temerarias.

Por tanto, enfatizó que el juzgamiento de delitos cometidos en funciones específicas debe garantizar inicialmente una certeza de confianza y fiabilidad en las actuaciones policiales, al conocer que están respaldadas por la ley y los mecanismos concebidos por el Estado para el análisis de sus conductas.

Además, la garantía a un manejo no político del juzgamiento, de modo que las infracciones sean juzgadas por jueces especializados y en cierta medida con criterios técnicos, agregó.

Participaron también en la reunión los oficiales Florencio Ruiz, Pedro Carrillo, René Yépez, Patricio Carrillo, entre otros.

Denuncias

Entre tanto, el teniente (r) Galo Mosquera, vocero del grupo de militares afectados por la justicia de FFAA, aseguró que los juzgados y la Corte Militar han cometido graves irregularidades en la aplicación de sentencias y sanciones.

Explicó que tales organismos han incurrido en barbaridades jurídicas, por cuanto estaban integrados por elementos no profesionales del Derecho, no daban posibilidad del legítimo derecho a la defensa, a más que los procesos penales son el resultado de un informe de inteligencia, de ahí que desde ese momento no había imparcialidad, los cuales se han obtenido en base a torturas y violación de derechos humanos.

Citó el bullado caso de “Reaseguros” para las aeronaves de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), cuyo denunciante el capitán de Navío Viteri se vio obligado a pedir asilo en Londres, mientras los supuestos responsables, los comandantes generales de las tres Fuerzas Moya, Guerra y Moscoso salieron bien librados por resoluciones de la Corte Militar.

Finalmente, lamentó la decisión adoptada por el Consejo de la Judicatura de prorrogar los plazos para el funcionamiento de los juzgados militares sin tomar en cuenta que con la vigencia del Código de la Función Judicial éstos desaparecieron, lo que es ilegal e inconstitucional.

MG/pv

 

 

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