La Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado, presidida por María Paula Romo, inició el análisis del proyecto de Ley de Depuración de la Normativa Legal, en virtud de que en la legislación nacional formalmente han perdido vigencia varias de éstas, por diversidad de circunstancias.La respectiva propuesta fue remitida por el Presidente de la República a la Asamblea Nacional, el pasado 12 de enero, luego calificada por el CAL y enviada a la mesa 1 para su tratamiento constitucional, considerando que cumple con todos los requisitos establecidos en el Art. 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que es prioritaria para el país.
Según el Ejecutivo, algunas normas han perdido vigencia y otras se han convertido en obsoletas, por lo que es importante efectuar una limpieza y apartarlas del ordenamiento jurídico, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica.
El mandatario precisa que en el curso del tiempo han sido suprimidas del régimen administrativo nacional varias entidades del sector público que en su época fueron creadas y reguladas por la normativa correspondiente, que aún se mantiene.
Indica que, a partir del año 1957, el Estado Ecuatoriano inició el proceso de desmonopolización de la producción, industrialización y distribución de alcoholes, fósforos, tabacos y sal, hasta entonces a cargo exclusivo del Estado; no obstante que tal proceso terminó, aún subsisten formalmente en la legislación nacional varios cuerpos legales relativos a dichos monopolios.
En tal sentido, la Comisión Especializa Permanente de Justicia, de conformidad con el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, puso en conocimiento de la ciudadanía dicho documento, con el fin de que se presenten las sugerencias y observaciones que se estimen pertinentes.
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