La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en el marco del análisis del Libro III del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, respecto a la Ejecución de Penas, acordó visitar el lunes de la próxima semana los centros de rehabilitación social, con el fin de observar el estado en que se encuentran y el trato que reciben los internos.La decisión se adoptó en base a una moción de la presidenta encargada, Gina Godoy, quien sugirió visitar los centros de rehabilitación social de la ciudad a la que pertenece cada uno de los miembros de la comisión, con el fin de observar cual es el tratamiento que reciben las personas privadas de libertad y el estado en el que se encuentran los centros.
Según lo acordado, luego de las visitas los parlamentarios deberán presentar, hasta el 28 de agosto, un informe en el que harán una breve reseña detallando la situación y funcionamiento del centro, su situación general de infraestructura, higiene y seguridad.
Como tercer punto y en relación al cumplimiento de la normativa sobre ejecución de penas el informe incluirá un resumen sobre el cumplimiento de los estándares constitucionales, legales y reglamentarios sobre las personas privadas de libertad.
En un cuarto punto se detallarán los problemas más graves y urgentes del centro de rehabilitación social y que requieran una solución mediante una medida legislativa.
Por último, deberán enumerar los temas sensibles de las personas privadas de libertad y su tratamiento por las autoridades penitenciarias y su régimen diario.
En la sesión la comisión escuchó a la vocera de la Mesa Ciudadana por la Seguridad, Alicia Casares, quien sugirió que en el artículo 590 relativo a la necesidad de dar un tratamiento ágil a los procesos de juzgamiento, se establezca un plazo definido y detallado dentro de cada uno de los procedimientos que no sean mayores a 30 días.
Respecto al “femicidio” propuso que se reemplace el término por “Feminicidio”, considerando que éste último implica toda acción que derive en la muerte de las mujeres. También recomendó que se aclare el artículo 181 en torno al delito de robo y cachinería, argumentado que no está clara la pena que se aplicará ante el supuesto desconocimiento de la procedencia de las mercancías.
PV
