La tarea de la Comisión de la Verdad es establecer un relato de los hechos, porque no es una tribuna de juzgamiento, no reemplaza ninguna autoridad judicial, no viola el derecho del debido proceso de ninguna persona, manifestó la asambleísta María Paula Romo, Presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, al justificar el proyecto que otorga inmunidad a los miembros de este organismo.Indicó que la tarea de la Comisión de la Verdad fue investigar posibles violaciones de derechos humanos ocurridas en los últimos veinte años, inclusive hasta el año 2008.
“Deseamos que la Comisión de la Verdad, cumpliendo su trabajo le permita conocer al país un relato de los hechos de los últimos 20 años que podrían involucrar comportamientos de aparatos del Estado en prácticas sistemáticas de violaciones de derechos humanos, ante lo cual, independientemente de nuestras posiciones políticas, deberíamos luchar para que los órganos competentes impongan las sanciones y evite que se cometan en el futuro.
Aclaró que los resultados del trabajo de la Comisión de la Verdad deberán ser procesados luego en las instancias judiciales correspondientes.
Sostuvo que el proyecto de Ley pretende evitar que los miembros de la Comisión de la Verdad personalmente sean cuestionados por lo que contiene el informe. A ellos se les encargó la tarea de investigar y lo que cada persona, y las instancias judiciales deberán hacer es aclarar la veracidad y la validez de los hechos que están relatados en el informe y a eso debería concentrarse la administración de justicia, agregó.
Insistió en la necesidad de expedir la ley para garantizar la inmunidad y seguridad de los miembros de la Comisión de la Verdad, al tiempo que recordó que este tipo de entidades han funcionado en otros países, como Guatemala, en donde el presidente de la Comisión fue asesinado dos días después de que se publicó el informe.
Sobre el proyecto
Señaló que se recogió la recomendación de la Asociación Permanente de Derechos Humanos sobre la necesidad de aprobar la ley, en virtud de que se han producido algunas amenazas a los testigos que concurrieron a la Comisión de la Verdad.
Manifestó que en el informe se recogió expresamente el principio número 38 del conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, que establece que los Estados deben promulgar las medidas legislativas necesarias para asegurar la protección de los derechos humanos y salvaguardar las instituciones y los procesos democráticos.
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