La Comisión de Participación Ciudadana, presidida por Luis Morales Solís, luego de recibir información del representante de la empresa Taski, Óscar Ayerve y del gerente de la imprenta Mariscal, Francisco Valdiviezo, en torno al proceso de contratación del servicio de impresión de cuestionarios censales, formularios, rotafolios, manuales y otros para la realización del VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010, resolvió insistir en el llamado al director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Byron Villacís; al subdirector, Jorge García; al director del Instituto Nacional de Compras Públicas, Incop, Jorge Luis González; y, al Secretario de Transparencia, Juan Sebastián Roldán, para que expliquen pormenores de este proceso.
Morales Solís subrayó que el objetivo del organismo legislativo es contar con los elementos de juicio suficientes sobre este tema, para saber si efectivamente existieron los justificativos técnicos necesarios para proceder a dicha contratación, con un precio referencial de siete millones trescientos mil dólares, adjudicar el contrato por seis millones y medio; luego, declarar sin efecto dicha adjudicación y proceder a una nueva contratación por cuatro millones trescientos mil dólares.
El vicepresidente del organismo, Galo Lara, dijo que “los funcionarios del INEC se niegan a concurrir a la Asamblea, porque saben que lo que han hecho está fuera de la ley, porque sin contar con los estudios técnicos del caso establecieron como presupuesto referencial siete millones trescientos mil dólares; convocaron a tres procesos, dos de los cuales fueron declarados desiertos y, en el tercero, se adjudica el contrato a la empresa Taski, por un monto de seis millones y medio.
Posteriormente, frente a una propuesta presentada por la imprenta Mariscal, por dos millones y medio, es decir un 185% menos del precio referencial, solicitan a dos escuelas politécnicas analicen la estimación referencial. La Escuela Politécnica del Litoral, Espol, considera que ese valor está 88% más alto del monto real, mientras que la Escuela Superior Politécnica del Ejército, ESPE, afirma que el precio referencial debió ascender a cuatro millones trecientos mil dólares.
Con estos antecedentes, continuó, se deja sin efecto la adjudicación a la empresa Taski y se adjudica el contrato, dividido en dos partes, lo cual sería ilegal, a Maxigraf, por dos millones ochocientos mil dólares; y, al Instituto Geográfico Militar, por un millón quinientos mil dólares.
Entre tanto, Óscar Ayerve, representante legal de Taski, al defender la legalidad de la adjudicación del contrato, dijo que se trata de una conspiración del INEC contra el censo de población 2010. “Nosotros fuimos calificados en dos ocasiones sin ninguna observación a las condiciones del contrato, ni al precio. Sin embargo, en una acción totalmente ilegal, resuelven dejar sin efecto la adjudicación, lo cual nos faculta inclusive a seguir acciones legales contra el INEC en defensa de nuestros derechos”.
Ayerve explicó que Taski no tiene ninguna responsabilidad en la estimación del precio referencial incluido en el concurso, a más de que en las dos oportunidades que fueron calificados los precios propuestos en la oferta fueron técnicamente analizados, porque no se trata de una impresión común y corriente, sino de documentos que deben contar con sistemas de seguridad y calidad exigidos por normas internacionales.
EG/pv
