En el marco del proceso de socialización del proyecto urgente, la Comisión de Régimen Económico recibió hoy aportes, comentarios y observaciones de parte de la Fundación Ecuatoriana de Propietarios de Farmacias, de la Asociación de Bancos Privados (ABPE), de la Asociación de Propiedad Intelectual y el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE).
Monopolio
Carlos Reyes indicó que, hace 15 años, aparecieron los grandes monopolios en el sector farmacéutico, con la presencia de grandes cadenas de farmacias, que surgen de la unión entre el laboratorio, la distribuidora y la farmacia, que han impuesto sus reglas de juego y precios de los medicamentos, en detrimento de las farmacias pequeñas, que se preocupan por la salud de la gente y no el simple lucro y la ganancia.
Comentó que tres mil farmacias independientes, que promueven el sustento para 25 mil familias, están instaladas a nivel nacional en sitios populares, mientras las grandes cadenas se ubican en lugares comerciales estratégicos.
Reyes destacó la necesidad urgente de que se implementen una normativa clara, en pro de un negocio justo, con oportunidades para todos y en igualdad de condiciones.
Cuestionamientos
Ricardo Cuesta, titular de la ABPE, dijo que la entidad apoya el hecho de que Ecuador cuente con una ley de competencias, pues no puede quedarse rezagada de países que si tienen legislaciones de este tipo.
Reiteró que no cuestionan el contenido de la ley en su conjunto, sino específicamente la inclusión de las disposiciones generales que hacen alusión a las instituciones financieras y a la obligación de desinversión de la banca en las casas de valores, administradoras de fondos y compañías de seguros.
Esas disposiciones van más allá de los resultados de la consulta del 7 de mayo, en donde nada se dijo acerca de la desintegración de los grupos financieros. El espíritu de la pregunta se enfocó a las actividades no financieras, por tanto, dichas normas pueden afectar la liquidez, solidez y solvencia del sistema bancario, a más de generar problemas a la banca y sus accionistas, manifestó.
Cuesta expresó que la incorporación en el proyecto de normas que reforman la Ley de Instituciones del Sistema Financiero da lugar a una inconstitucionalidad, al tiempo de considerar que esos aspectos deberían ser parte de otro nuevo cuerpo legal.
Mayores preocupaciones
Henry Kronfle y Blasco Peñaherrera, presidentes de la Cámara de Industrias de Guayaquil y del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), respectivamente, coincidieron en señalar que el proyecto, antes que frenar la competencia desleal, otorga a la Superintendencia de Control del Mercado, específicamente al Presidente de la República, la facultad de intervenir en el mercado, es decir, en la economía del país.
Intervenir en la economía significa fijar precios; en esas condiciones el productor al darse cuenta de que no puede mantener su negocio con precios que están por debajo de sus costos decide no producir, lo que genera escasez, mercado negro y desabastecimiento de mercados, puntualizaron, al recordar los ejemplos de la Venezuela de hoy, y Chile de hace 30 años.
En la reunión también participaron Roque Albuja, presidente de la Asociación de Propiedad Intelectual y Rodrigo Landeta, de la Senplades.
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