Gran acogida tuvo la convocatoria realizada por la Comisión de Régimen Económico y Tributario, presidida por el asambleísta Francisco Velasco, para receptar los aportes, sugerencias y observaciones al proyecto de reformas a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos.
Al organismo legislativo acudieron el procurador General del Estado, Diego García; el gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, Mario Pinto; el superintendente de Compañías, Pedro Solines; el director del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco; el comandante General de la Policía Nacional, Fredy Martínez; el fiscal General del Estado, Washington Pesántez; el delegado de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Ivane Velasteguí; y, el presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal, Ramiro García Falconí, quienes coincidieron en la necesidad de ampliar el contenido del lavado de activos.
Tras resaltar la forma de legislar de la Asamblea Nacional, invitando a los actores operativos y sociales para que den sus aportes a la normativa que estudia esta Comisión, Washington Pesántez señaló que el lavado de activos es uno de los mayores flagelos contra la sociedad y el Estado, por sus nefastos efectos en la economía, en la administración de justicia y la gobernabilidad de los estados, lo que afecta gravemente a la democracia, por tanto el Ecuador debe adoptar medidas efectivas para luchar contra este delito, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado.
En este marco, pidió ampliar el concepto de lavado de activos y que el mismo sea considerado como un delito autónomo; que la presidencia del Consejo Nacional Contra Lavado de Activos (CONCLA) tenga carácter pro témpore; que el control de los bienes incautados no esté en manos del Consep, sino que le corresponda al CONCLA, que para la administración temporal de los mismos podrá celebrar los actos jurídicos que fueren indispensables para garantizar su custodia y conservación, a fin de evitar su deterioro, pérdida o destrucción, que estará facultado para celebrar contratos de encargo fiduciario con sociedades administradoras de fondos y fideicomisos que rindan garantías suficientes por resultados de su gestión.
Entre tanto, Diego García subrayó que por la gravedad de los delitos de lavado de activos, se requiere el endurecimiento de las penas, con lo cual se alcanzará una lucha más efectiva contra los delitos transnacionales. Al referirse a la administración y destino de los bienes incautados, manifestó que es oportuna la creación de la Dirección de Administración Temporal de Bienes, para que sean directamente administrados por el CONCLA, dado que en la actualidad dichos bienes son administrados por el Consep, por delegación de este Consejo.
Sugirió que el nombre del cuerpo legal sea sustituido por el de Ley para Reprimir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, porque sin ser una ley independiente, ésta busca tipificar específicamente el financiamiento del terrorismo, conforme las obligaciones citadas en la Convención Interamericana Contra el Terrorismo.
De su lado, Carlos Marx Carrasco pidió establecer normas específicas contra el financiamiento del terrorismo. Propuso que la disposición de aprehensión o incautación inmediata de todos los activos utilizados para el financiamiento del terrorismo se realice en la formulación de cargos en lugar de la audiencia de juzgamiento, a la vez que recomendó definir que la autoridad aduanera es el Gerente Distrital de la CAE, el cual establecerá de forma automática e inmediata la multa correspondiente, entre otros aspectos.
Ivane Velasteguí aseguró que la inclusión de la tipificación del delito de financiamiento del terrorismo en la Ley para Reprimir el Lavado de Activos justifica el cambio de nombre de este cuerpo legal. El endurecimiento de las penas de seis a nueve años de reclusión menor ordinaria cuando el monto de los activos materia del delito sean superiores a 50 mil dólares; y, de ocho a 12 años de reclusión mayor ordinaria, cuando dicho monto sea superior a 300 mil dólares, son convenientes para reducir la incidencia de este delito.
Entre tanto, Fredy Martínez explicó que la Unidad de Análisis Financiero tiene como misión fundamental la recolección, procesamiento y análisis de información, no siendo competentes para el control y administración de bienes, por lo que se debería crear la Unidad de Administración de Bienes bajo la supervisión y control del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con autonomía administrativa y financiera.
El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Francisco Velasco, al agradecer los aportes de los sectores involucrados, indicó que sus planteamientos serán analizados y, si el caso lo amerita, serán convocados nuevamente, pues el objetivo central es construir una normativa que beneficie al país.
JLVN/eg
