El Consejo de Administración Legislativa, calificó el proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado y remitió a la Comisión de Régimen Económico y Tributario que se encargará de su análisis para la elaboración del informe para primer debate.
Esta tarde recibió a Mauro Andino Alarcón, representante del Servicio de Rentas Internas (SRI), quien informó que dentro de los objetivos del proyecto se encuentran disminuir los problemas de contaminación ambiental, cambiar ciertos hábitos y comportamientos como el consumo de cigarrillo y bebidas alcohólicas que van por un enfoque de salud.
Dijo que estas reformas están enfocadas en el Art. 300 de la Constitución que determina que la política tributaria promoverá la redistribución y estimulará la producción de bienes y servicio y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables, y que al corregir temas de medio ambiente y de contaminación, harán una mejora en la salud.
Sobre el tema de desincentivar el uso y consumo de ciertos productos que son dañinos para la salud pública, dijo que es un cambio y una ruptura que se está haciendo en el manejo de la política fiscal y tributaria en el país.
Manifestó que la normativa contiene un impuesto ambiental a la contaminación vehicular, que fue producto de un amplio debate y análisis y que tienen como objetivo reducir las emisiones contaminantes y cambiar los patrones de consumo hacia los vehículos de menor cilindraje e incentivar el uso de transporte públicos, considerando hay un gran problema de movilidad y de contaminación.
Añadió que ha ingresado al parque automotor un gran porcentaje de vehículos de alto cilindraje y, por tanto, generan un mayor consumo de combustible y por ende mayor contaminación.
Argumentó que este impuesto viene con un plan de chatarrización, incluida una mejora del transporte público, en la calidad de combustible, al tiempo que insistió que era necesario diseñar este tipo de políticas que recojan el principio de progresividad en el sistema.
El funcionario señaló que el proyecto incluye una disposición transitoria con una exoneración y un plan de chatarrización para que las personas que tienen vehículos antiguos puedan venderlos y accedan a créditos para que puedan comprar vehículos nuevos y de menor cilindraje con menores niveles de contaminación.
