La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral avanza en el tratamiento del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, según informó la parlamentaria Verónica Rodríguez, integrante de este organismo legislativo.
La asambleísta señaló que en esta reunión de trabajo participó como invitado el embajador Galo Galarza, representante del Ministro de Relaciones Exteriores, quien indicó que el protocolo crea incentivos para conservar la diversidad biológica; que brinda seguridad jurídica al establecer un régimen vinculante en materia de recursos genéticos y reparto de los beneficios derivados de su uso; y que también hace un reconocimiento a los conocimientos ancestrales de las comunidades y pueblos indígenas, prohibiendo su apropiación indebida y uso no autorizado.
Dijo que el embajador recomendó a la Comisión su pronunciamiento favorable para la ratificación de este instrumento y posterior desarrollo de legislación secundaria para facilitar y reglamentar la aplicación del consentimiento previo fundamentado, el mecanismo de reparto equitativo de beneficios, entre otros.
Así mismo, en esta reunión de trabajo intervino la doctora María Verónica Arias del Centro Ecuatoriano de Desarrollo Ambiental CEDA quien señaló que el Protocolo de Nagoya llena el vacío que tiene el Ecuador en cuanto a legislación nacional, además porque el Convenio de Diversidad Biológica es amplio y declarativo.
Subrayó que las normas de la Comunidad Andina de Naciones, la Ley de Propiedad Intelectual y la Constitución de la República prohíben la apropiación de recursos genéticos. Este protocolo daría una capa más de protección; sin embargo, ésta no sería suficiente ya que el protocolo no es de aplicación directa por tanto, es importante desarrollar la normativa interna.
Igualmente, los comisionados recibieron a la doctora Myriam Paredes, representante de la FLACSO, quien afirmó que los recursos genéticos deben ser entendidos como patrimonio, dedicado a un fin determinado. Lo que tiene derecho a una protección legal es ese fin en particular. El recurso objetivo no implica nada si no tenemos los conocimientos para reproducirlos, para usarlos o para desarrollar aplicaciones, dijo.
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