Bajo la Presidencia de la asambleísta Linda Machuca, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, inició el estudio del pedido de denuncia, formulado por el Ejecutivo, a los Tratados de Promoción y Protección de Inversiones firmados por el Ecuador con las Repúblicas de China y Finlandia.
Con esta oportunidad, el organismo legislativo recibió al embajador de China acreditado en nuestro país, Cai Runguo, quien explicó que Ecuador ha recibido cerca de 3 mil millones de dólares en inversiones y que en los próximos cinco años el monto podría llegar a ocho mil millones en campos como la minería y energía, entre otros.
Sostuvo que si bien respeta las decisiones soberanas tanto del gobierno como de la Asamblea Nacional, exhortó a un intenso proceso de debate y negociación que permita modificar el Convenio en función de alcanzar beneficios comunes para ambas naciones.
Precisó que China ha suscrito alrededor de 106 tratados con diferentes países, de los cuales seis están ubicados en América del Sur y Ecuador representa un mercado de alta preferencia, por tanto se requiere garantizar seguridad, confianza plena y mayor entusiasmo a los inversionistas.
De su parte, Michael David Caza, representante de la Cámara de Comercio Ecuatoriano - China, manifestó que la falta de claridad de las normas respecto a la rentabilidad del capital no facilita un panorama agradable para las relaciones bilaterales.
Indicó que Ecuador se ha caracterizado por mantener un crecimiento en el orden de 2 mil millones de dólares semestrales en cuanto a la inversión privada de empresarios chinos, pero hoy dichos negocios se han estancado en razón de la situación descrita, lo que acarrearía problemas a las áreas de minería, hidroeléctrica y otras.
De su parte, Linda Machuca, presidenta encargada de la Comisión cinco, resaltó que hay apertura para profundizar el debate del tema con más actores, al agregar que los pedidos de denuncia realizados por el Primer Mandatario responden a que ciertos instrumentos internacionales contravienen expresas disposiciones constitucionales y afectan al interés nacional.
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