A las 20:35 de ayer, la Comisión especializada de Comunicación dio por concluido el análisis previo a la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación.
El documento quedó integrado por más de un centenar de artículos, 2 disposiciones generales, 17 transitorias, una derogatoria y una disposición final. La Comisión decidió omitir la inclusión de disposiciones reformatorias debido a que ya forman parte del texto de Ley.
Al momento, el organismo legislativo se encuentra elaborando el informe final que será puesto a consideración del titular de la Asamblea, Fernando Cordero Cueva, a fin de que se lo incluya en el orden del día para su tratamiento, según informó su presidente Mauro Andino, al señalar que posiblemente el documento podría estar listo hasta este jueves 1 de julio.
Indicó que la Comisión decidió dejar en sus manos la exposición del informe ante el Pleno de la Asamblea y de procesar las observaciones que se formulen en el debate.
Entre los principales puntos tratados están las amonestaciones escritas para los medios de comunicación que difundan publicidad que induzca a la violencia, discriminación, intolerancia religiosa y política y demás aspectos que afecten a los derechos humanos y, a los medios que incumplan con los derechos laborales de sus trabajadores.
La normativa establece un plazo de 240 días, a partir de la aprobación de la Ley, para que el Ejecutivo expida el reglamento respectivo; y, 180 días para que los medios de comunicación se registren en el Consejo de Comunicación.
En el caso del acceso a las nuevas tecnologías, se otorga al Estado la promoción del acceso universal a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para los sectores urbanos y rurales. Para el efecto se deberá implementar todo el sistema de la infraestructura necesaria que permita el acceso a ellas.
En cuanto a la reversión de frecuencias, se establece que, de conformidad con el informe final emitido por la Contraloría, las frecuencias que hayan sido concedidas de manera ilegal, serán revertidas al Estado de forma inmediata, con la finalidad de que entren a concurso público, con nueva concesión.
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