El representante del Partido Sociedad Patriótica, Fausto Cobo, presentó al Consejo de Administración Legislativa (CAL), la solicitud de juicio político en contra del Ministro de Defensa Nacional, Xavier Ponce Cevallos, por el incumplimiento de las funciones que le asignan la Constitución y la Ley, relacionadas con la indefensión en que estuvo el país frente a las amenazas externas de Colombia; y, por presunciones de responsabilidades penales y civiles por la adquisición de helicópteros Dhruv para la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Cobo explicó que el 1 de marzo de 2008, Ecuador fue atacado por las Fuerzas Armadas de Colombia, frente a lo cual el país estuvo en absoluta indefensión, hecho comprobable porque no funcionó de ninguna manera la defensa aérea en toda su contextura, pues no hubo alerta temprana, ni tampoco interceptación aérea, es decir, no existió una planificación de defensa nacional actualizada.
Esto constituye una grave irresponsabilidad de quienes ejercían las funciones en ese momento en el Ministerio de Defensa Nacional, señaló, al recordar que según el Art. 12 del Código Penal existe comisión de una infracción por omisión; el actual Secretario de Estado, Xavier Ponce, tampoco corrigió esta seria vulnerabilidad en la defensa nacional, a fin de aumentar la capacidad estratégica de las Fuerzas Armadas, por tanto, tampoco actualizó la planificación.
A esto se suma el proceso contractual que estuvo en marcha para adquirir siete helicópteros Dhruv para la FAE, donde se irrespetaron las bases del concurso por el actual ministro de Defensa Nacional, quien firmó el contrato con la empresa oferente, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de la India, cuando debía rechazarlo. Posteriormente, llegaron los aparatos y mediante un convenio, trataron de justificar su entrega anticipada, misma que contiene una serie de irregularidades.
Fausto Cobo sostuvo que la oferta de dicha empresa debió ser rechazada por no cumplir con el anexo e) de las bases del concurso, que tienen que ver con las especificaciones técnicas del contrato. El Código Civil, en esta temática, establece claramente que lo que está en la normativa hay que respetarse sin ninguna interpretación, por tanto, en vez de rechazar a la empresa se la habilita y se adjudica el contrato.
Se irrespeta una vez más, en esta ocasión, no las bases del concurso, sino el contrato que es firmado por el Ministro de Defensa Nacional, en representación legal de la Honorable Junta de Defensa Nacional. El artículo 257, inciso cuarto del Código Penal, prevé peculado en el sentido de que quien adjudica un contrato con el Estado, alejado de la normativa está inmerso en el cometimiento de esta irregularidad.
Bajo estas consideraciones, presentó, de manera fundamentada, la solicitud de juicio político, amparado en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y con el respaldo de 54 firmas de asambleístas de diversas bancadas políticas, quienes apoyan esta iniciativa de fiscalización y control político.
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