En la sesión 50 del Pleno se tramitó en primer debate el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la de Régimen Tributario Interno, propuesto por el Ejecutivo, con el carácter de urgente en materia económica, que modifica la estructura institucional del sector hidrocarburífero; viabiliza el nuevo modelo de contrato de prestación de servicios; e, introduce enmiendas complementarias para el marco regulatorio.
Asambleístas de diversas bancadas mostraron su interés respecto de la propuesta del Ejecutivo, por lo cual expusieron sus argumentos de defensa, en virtud de que se establecerán las reglas claras para la inversión nacional y extranjera en el ámbito petrolero, en beneficio del país, con base en la aplicación de políticas públicas dictadas por el Ministerio Sectorial que será el órgano encargado de formular la política de hidrocarburos.
Destacaron los cambios a la estructura institucional del sector hidrocarburífero con la incorporación del Ministerio Sectorial, que será el encargado de ejecutar las políticas y, a la vez, el ente rector en este ámbito; se crea la Secretaría de Hidrocarburos, que estará a cargo de la administración y el control del ramo y los contratos de operación, mientras la Agencia de Regulación Hidrocarburífero ejercerá funciones control y fiscalización. Las operadoras de la exploración, explotación, industrialización y comercialización podrán ser públicas, mixtas y privadas.
Resaltaron la importancia de que Petroecuador no esté aislada de las políticas públicas, por consiguiente, debe estar sujeta al Ministerio rector. Con esta nueva institucionalidad, habrá una mayor capacidad de gestión y fiscalización en el ámbito petrolero, para evitar que se festinen los ingresos de los contratos, por tanto, el Estado se beneficiará de mayores recursos que serán destinados a los gobiernos autónomos descentralizados a fin de ejecutar obras de infraestructura en educación, salud, vialidad, de conformidad con las necesidades insatisfechas.
Así mismo, dejaron entrever la necesidad de incluir una normativa para que se garantice que los ingresos para el Estado no sean inferiores a la venta o utilidad que perciba la empresa privada, para el efecto, el Ministerio Sectorial estará facultado para establecer la caducidad de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos o la revocatoria de autorizaciones o licencias en las demás actividades hidrocarburíferas.
Mientras, otros sectores parlamentarios expresaron sus preocupaciones sobre los cambios propuestos, ya que incidirían en una sensación de mayor inseguridad jurídica, tanto para la inversión nacional, cuanto para la extranjera, así como por la fragilidad del sistema de contratación que permitirá la entrega directa de algunos campos petroleros a empresas públicas o de economía mixta, sin cumplir con los requisitos legales pertinentes.
Además, advirtieron que el proyecto sería inconstitucional porque versa sobre tres temáticas: hidrocarburos, tributos y trabajo, por lo que plantearon el archivo del proyecto, moción que no tuvo el respaldo necesario.
El proyecto regresó a la Comisión de Régimen Económico y Tributario, a fin de que analice las observaciones formuladas por los asambleístas y elabore el informe para segundo debate.
JLVN-EG
