Luego de un intenso debate en el que participaron representantes de las diversas bancadas legislativas, el Pleno de la Asamblea concluyó el segundo debate del proyecto de Ley de Defensa y Desarrollo de los Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos.
Las observaciones planteadas en esta sesión serán sistematizadas y analizadas por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, presidida por la asambleísta Nivea Vélez, que elaborará un texto consensuado y definitivo para ser sometido a votación en el Pleno.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, señaló que el documento deben considerar cuatro ejes fundamentales que fueron analizados intensamente en esta sesión como son: el derecho de los ecuatorianos a trabajar pero con restricciones en el espacio público, que es regulado por las municipalidades; la seguridad social para este sector para generar mejores condiciones de vida, pues no se puede quedar en una mera declaración.
Añadió que el tercer eje se refiere a la necesidad de establecer modalidades de microcréditos y créditos para los comerciantes minoristas y trabajadores autónomos a fin de dar impulso a la economía solidaria, puesto que se ven obligados a realizar préstamos a los chulqueros. Por qué no abrir la posibilidad de que el Banco del IESS realice microcréditos, pues son excelentes pagadores, agregó.
Explicó que los municipios son los reguladores de los espacios públicos, pero también es cierto que las quejas tienen razón de ser, pues se confunde las formas disciplinarias de las municipalidades con confiscación y, por tanto, la mayor contribución que puede hacer la Asamblea es poner orden para que cualquier retención cautelar que se haga sea mediante registro, en forma transparente.
En el debate los asambleístas resaltaron la necesidad de eliminar del alcance de esta ley a los microempresarios, así como garantizar los derechos de seguridad social, la protección del trabajo por parte del Estado, tomando en cuenta que los comerciantes minoristas se ven expuestos a la violación de sus derechos, pues, por un lado existe la persecución de los gobiernos autónomos que les impide la utilización del suelo y por otra las autoridades municipales quienes confiscan sus productos.
Sostuvieron que es necesario definir y diferenciar los conceptos en la ley del comerciante minorista y de trabajador autónomo porque se trata de inmiscuirles en la categoría de microempresarios.
Sugirieron que los municipios deben ubicar a los comerciantes en el menor tiempo posible en los espacios públicos, que se incrementen dichos espacios para que puedan desarrollar sus actividades en mercados, ferias, acopios, recintos feriales, a fin de contribuir al ordenamiento y expansión urbana.
También, propusieron armonizar con las disposiciones del Código de Organización Territorial, en lo que se refiere a las competencias y atribuciones de los gobiernos locales con esta normativa, de manera que las actividades económicas de los comerciantes minoristas y trabajadores autónomos se circunscriban a las normas que dicten los gobiernos autónomos.
Por último, plantearon que el Estado operativice las acciones positivas para beneficio de este sector; marcar el fortalecimiento organizativo y de asociación para que no sean explotados por los mayoristas, así como la capacitación para que puedan emprender un comercio competitivo, pero no desleal; establecer una normativa que prohíba el trabajo infantil, así como la venta de camaretas y diablillos, entre otros productos.
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