Alrededor de 64 asambleístas intervinieron en el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, por el cual se garantiza el derecho humano al agua, regula y controla la autorización, gestión, preservación, conservación, restauración, uso y aprovechamiento de este recurso natural.
En esta oportunidad, los asambleístas coincidieron en que el 90% del proyecto recoge las aspiraciones de los sectores involucrados y es beneficioso para el país, solo el 10% constituye los nudos críticos, mismos que deben ser resueltos enmarcándose estrictamente en lo establecido en la Constitución de la República.
Señalaron que el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua debe estar integrado por todos los niveles de gobierno: nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial, así como por los representantes de los sectores indígenas, campesinos y afroecuatorianos, la cámara de la producción, los usuarios de los sistemas de agua urbano, rural, comunitario y para el uso y aprovechamiento del agua, garantizando la representación nacional en la toma de decisiones, para beneficio del país.
Al referirse a la concesión a Interagua en Guayaquil, se dejó en claro que no es viable declarar mediante ley la caducidad de un contrato de esta naturaleza, porque significaría un atentado contra la seguridad jurídica del país, por cuanto las causales de caducidad están previstas en las propias cláusulas contractuales.
Recalcaron que es necesario crear fondos para preservar este recurso natural y descontaminar las cuencas y subcuencas; redefinir las atribuciones del Secretario Nacional del Agua, para que no exista superposición de funciones; respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados; y, garantizar la activa participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades en los organismos de gestión del agua.
Sugirieron propiciar una reunión de trabajo entre las comisiones de Soberanía Alimentaria y de Gobiernos Autónomos, para armonizar el contenido de la Ley de Agua y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en vista de que se abordan competencias que corresponden a los municipios y consejos provinciales.
A fin de mejorar el texto de la disposición décimo cuarta, plantearon que en el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la Ley, el ejercicio de la competencia constitucional del municipio para prestar servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental; y, en garantía del ejercicio del derecho humano al agua deberán revisarse las concesiones o delegaciones otorgadas con anterioridad a esta ley, previa auditoría realizada con participación social y veeduría ciudadana.
En el caso de que la auditoria determinare que se debe dar por terminada la concesión o delegación de la prestación de servicio o saneamiento ambiental, no habrá lugar a ningún tipo de indemnización, sin perjuicio de que previa valoración técnica y financiera aprobada por cada consejo cantonal podrán ser observadas por la Contraloría General del Estado, se reconozcan los montos invertidos para la prestación de los servicios que quedaren en dominio de las municipalidades o entidades públicas.
Igualmente, señalaron que no es lo mismo privatizar el agua, que las empresas privadas puedan participar para prestar servicio a la ciudadanía, por tanto, es necesario dejar a un lado los malos entendidos en este aspecto y ver que en el proyecto se establecen correctivos, pues se trata de una actividad económica que se ejerce con base en una autorización que delimita su accionar.
El proyecto, que contiene 266 artículos, tres disposiciones generales, 20 transitorias, 16 derogatorias y una final, enfatiza en la desprivatización del agua, la gestión estatal y comunitaria, la creación de un sistema nacional estratégico de administración de este recurso con una Autoridad Única en la cual estará representado el gobierno, un Consejo Plurinacional y Pluricultural, garantizando de esta manera la activa participación de los usuarios del agua.
La normativa establece que el agua constituye un sector estratégico de decisión y de control exclusivo del Estado central, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados. La gestión del agua se orienta al pleno desarrollo de los derechos y al interés social, en atención a su decisiva influencia social, comunitaria, cultural, política, ambiental y económica.
El Estado tendrá la obligación de administrar, regular, controlar y gestionar este sector estratégico, de conformidad con los principios de sustentabilidad, precaución, prevención, eficiencia, reparación integral, participación, conservación y responsabilidad ambiental.
Se prohíbe toda forma de privatización del agua, su gestión será exclusivamente pública o comunitaria. No se reconocerá ninguna forma de apropiación o posesión individual o colectiva sobre el agua, cualquiera que sea su estado.
La Autoridad Única del Agua, es responsable de la rectoría, planificación, gestión, regulación y control de la gestión integrada e integral de los recursos hídricos y de la gestión integral del agua por cuenca o sistemas de cuencas hidrográficas. Para el ejercicio de estas competencias la Autoridad Única del Agua coordinará con los gobiernos autónomos descentralizados según sus niveles de competencias.
La participación de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, sistemas comunitarios del agua, ciudadanos y usuarios en la gestión del agua se desarrollará de conformidad con lo establecido en la Constitución y la Ley.
Cabe destacar que dirigentes de organizaciones sociales e indígenas realizaron un seguimiento de la discusión de este trascendental proyecto de ley y presentaron propuestas, a fin de que sean tomadas en cuenta en el texto definitivo que proponga el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Jaime Abril, para ser sometido a votación. En el debate de este tema estuvo presente también el delegado del Ejecutivo, Domingo Paredes, secretario Nacional del Agua.
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